Zacatecas, Zac.- El gobierno de Zacatecas confirmó que mantendrá en operación el Bachillerato General Militarizado y el Bachillerato General Policial, con 981 alumnos inscritos, pese a la instrucción de la Secretaría de Educación Pública de eliminar antes del 31 de agosto la modalidad militarizada en las escuelas, medida derivada de la muerte de la menor Dafne Zapata en una academia privada de Tamaulipas.
La controversia nacional se originó cuando el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, ordenó frenar las operaciones de cualquier centro educativo que se autodenominara “militarizado”, luego de que la menor Dafne Zapata falleciera en la Academia Militarizada Doenitz, un plantel privado en Tamaulipas.
La dependencia federal sostiene que la disciplina escolar no puede sustentarse en el maltrato físico y que esa modalidad carece de reconocimiento legal para la educación básica en México. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó, además, que no tiene bajo su jurisdicción escuelas militarizadas de nivel básico, lo que reforzó la postura federal. Como resultado, 25 instituciones particulares en distintos estados del país recibieron la orden de clausurar operaciones o transformar por completo su modelo educativo antes del inicio del ciclo escolar, y la SEP pidió a las 32 entidades revisar los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios para impedir que escuelas privadas usen denominaciones como “militar” o “castrense”.
En Zacatecas, el secretario de Educación estatal, Armando Delgadillo Ruvalcaba, y el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, argumentan que sus planteles tienen una naturaleza jurídica distinta a la de las academias privadas señaladas por la Federación. Se trata, explican, de instituciones públicas de nivel medio superior que no dependen de un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios particular, sino que operan bajo la Secretaría de Educación estatal con sustento legal publicado en el Periódico Oficial del estado desde agosto de 2019.
El Bachillerato General Militarizado, ubicado en el municipio de Guadalupe, combina personal docente de la secretaría estatal con instructores castrenses designados por la 11a Zona Militar, bajo un plan de seis semestres que reúne 32 asignaturas del componente básico, 16 de formación propedéutica y 30 de formación militarizada, en un régimen de horario extendido o semi internado. Sus egresados reciben, junto con el certificado de preparatoria, la cartilla liberada del Servicio Militar Nacional y un certificado de adiestramiento militar con validez oficial.
La matrícula actual se distribuye en 511 cadetes en el Bachillerato General Militarizado y 470 en el Bachillerato General Policial. El gobierno estatal ha garantizado la continuidad de sus inscripciones y mantiene abiertos los procesos de inscripción y preinscripción para el próximo ciclo, mientras avanza un ejercicio de entrega-recepción de información con el gobierno federal para que la SEP evalúe las particularidades del modelo zacatecano. Las autoridades estatales se han comprometido únicamente a realizar las “modificaciones administrativas” que en su caso determine la Federación, sin interrumpir la trayectoria de los estudiantes ya inscritos, aunque el caso permanece sin resolución definitiva.
Un escenario similar, aunque con matices propios, se presenta en Guanajuato, donde la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo defendió la continuidad de los seis planteles del Bachillerato Bivalente Militarizado, con más de 3,500 alumnos. Tras una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para dialogar con la SEP, el gobierno guanajuatense aclaró que su modelo es público y no privado, respaldado por el Acuerdo Secretarial 117/2018. Aunque se garantizó la permanencia de los estudiantes actuales, la mandataria adelantó que no se abrirán más escuelas bajo ese esquema y que el estado migrará hacia un nuevo modelo, el Bachillerato Integral Guanajuato.
El punto central de la disputa distingue el control administrativo que la Federación ejerce sobre los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios en escuelas particulares, de la autonomía que reclaman los subsistemas públicos estatales. Mientras el plazo federal del 31 de agosto avanza para erradicar el modelo militarizado en la educación privada, Zacatecas y Guanajuato insisten en que sus programas tienen un enfoque académico y tecnológico, cuentan con la certificación correspondiente y no recurren a prácticas violentas para formar a sus estudiantes, por lo que confían en preservar la continuidad de sus bachilleratos sin alterar el ciclo escolar en curso.
LNY | Redacción

