JULIETA DEL RÍO VENEGAS
El 19 de septiembre de 2026 se cumplen 41 años del sismo de 1985 y nueve años del sismo de 2017, dos tragedias que comparten una misma fecha y que han marcado de manera irreparable a familias, comunidades, ciudades y, por supuesto, a todo nuestro país.
Esta fecha debe ser, ante todo, un recordatorio de las víctimas, a quienes debemos honrar con memoria y respeto. Hablar de los sismos del 19 de septiembre es hablar de una experiencia que, de una u otra manera, impactó a millones de mexicanos: quienes fueron víctimas directas, quienes perdieron sus hogares o sus fuentes de trabajo, quienes tuvieron familiares o amigos entre los afectados y quienes compartieron el miedo, la incertidumbre y el dolor que provocan estos desastres.
Pero también es hablar de las lecciones que dejaron y de las responsabilidades que deben asumirse. El sismo del 19 de septiembre de 2017, de magnitud 7.1, volvió a poner sobre la mesa preguntas sobre las condiciones de seguridad de los inmuebles, el cumplimiento de las normas, la protección civil, la reconstrucción y el destino de los recursos públicos.
Después de la tragedia surgieron investigaciones y cuestionamientos relacionados, entre otros aspectos, con usos de suelo, permisos de construcción, programas de protección civil y el manejo de donativos destinados a los damnificados. Todo ello muestra que una tragedia natural puede agravarse cuando existen fallas institucionales, omisiones o falta de controles.
También la sociedad ha demandado información sobre la restauración de inmuebles históricos afectados por los sismos, particularmente en estados como Puebla, donde el patrimonio cultural sufrió daños importantes.
Por ello, el apoyo a los damnificados por desastres naturales debe ser no sólo una prioridad, sino una responsabilidad del Estado. Cuando una persona pierde su vivienda, sus bienes, sus documentos o incluso a un familiar, el gobierno tiene la obligación de atenderla y acompañarla con sensibilidad, eficacia y transparencia.
Y precisamente ahí aparece una pregunta fundamental: ¿qué sucede con los recursos destinados a los damnificados y a la reconstrucción?
Las personas tienen derecho a conocer cómo se ejercieron esos recursos, quién los recibió, qué obras se contrataron, cuánto costaron y cuáles fueron sus resultados. La transparencia permite cerrar espacios a la discrecionalidad, pero también permite que la sociedad verifique que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.
Desde 2017, el entonces INAI impulsó acciones para promover una reconstrucción abierta, basada en el principio de máxima publicidad y en la participación ciudadana. La Plataforma Nacional de Transparencia se convirtió también en una herramienta para consultar y solicitar información relacionada con los donativos, los apoyos, los inmuebles afectados y las acciones de reconstrucción.
Hoy el escenario institucional es distinto. El INAI dejó de existir como organismo constitucional autónomo en marzo de 2025. Sin embargo, la necesidad de garantizar el derecho a saber permanece. Una emergencia no suspende el derecho de acceso a la información; por el contrario, lo vuelve todavía más necesario.
Una consulta sobre el término “Sismo 2017” en la Plataforma Nacional de Transparencia, actualizada al 12 de septiembre de 2026, arroja 40 mil 198 resultados: 21 mil 473 corresponden a información pública, 18 mil 625 a solicitudes de información y 100 a quejas relacionadas con respuestas. La búsqueda del término “sismo” registra 61 mil 39 coincidencias.
Más allá de que esas cifras correspondan a una consulta realizada en aquel momento, cuentan una historia: la sociedad quería y quiere saber. Y no siempre para denunciar corrupción. Muchas personas necesitan información para acceder a un apoyo, recuperar documentos, conocer el estado de un inmueble o reconstruir parte de su propia historia después de una tragedia.
Recuerdo particularmente un caso que llegó a la ponencia a mi cargo en 2022. Se trató del recurso de revisión RRA 4381/22, interpuesto contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mediante el cual una persona solicitó información relacionada con los monumentos afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
En el pleno del INAI determinamos modificar la respuesta del INAH para que entregara los nombres de las empresas que desarrollaban los trabajos de restauración. La instrucción fue cumplida.
¿Por qué era importante conocer esos nombres? Porque cuando se utilizan recursos públicos para atender los daños provocados por una tragedia, la sociedad tiene derecho a saber quién realiza los trabajos, cuánto se paga, bajo qué condiciones se contrata y cuáles son los resultados.
La transparencia no reconstruye por sí sola una vivienda ni devuelve lo que un desastre arrebató. Pero sí puede contribuir a que la reconstrucción se realice con reglas claras, vigilancia ciudadana y rendición de cuentas.
A nueve años del sismo de 2017 y a 41 del de 1985, la memoria no debe quedarse únicamente en los actos conmemorativos ni en el minuto de silencio. Debe convertirse en prevención, en mejores protocolos, en construcciones seguras y en instituciones capaces de responder.
Este 19 de septiembre, mientras participemos en un nuevo simulacro, también debemos preguntarnos qué tan preparados estamos para responder ante una emergencia y qué tan preparados están nuestros mecanismos de transparencia para acompañar esa respuesta.
Porque frente a una tragedia natural, la sociedad necesita solidaridad y humanidad; pero cuando se trata de recursos públicos, necesita además información, máxima publicidad y rendición de cuentas.
El mejor homenaje a quienes perdieron la vida el 19 de septiembre no es solamente recordarlos. Es aprender de lo ocurrido, prevenir nuevas tragedias y asegurarnos de que, cuando vuelva a ser necesario responder, las instituciones estén preparadas y los recursos públicos sean utilizados con absoluta responsabilidad y puedan ser vigilados por la sociedad.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
contacto@julietadelrio.org.mx
BIO completa