SAÚL MONREAL ÁVILA
La muerte del profesor Alberto Israel Jasso generó una conversación cibernética que, paradójicamente, dejó mudo a todo México y abrió uno de los debates más complejos de los últimos años, el docente del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México fue denunciado por una alumna por un presunto abuso sexual y, horas después de conocer la acusación, decidió quitarse la vida, antes de hacerlo dejó un mensaje en el que negó los señalamientos.
Su fallecimiento impidió que la investigación concluyera y, por lo tanto, nunca existirá una resolución judicial que determine su responsabilidad o inocencia. Aun así, el caso se convirtió en tendencia nacional y las redes sociales se transformaron en un tribunal donde abundaron las condenas y las absoluciones anticipadas.
Lo sucedido debe obligarnos a una reflexión serena ante un tema profundamente humano que exige sensibilidad, responsabilidad y un firme compromiso con el Estado de derecho. Cuando una denuncia por acoso o abuso sexual llega a las autoridades, lo que está en juego es la integridad de quien denuncia, pero también el honor, la reputación y, en ocasiones, la propia vida de quien es señalado.
Nosotros sostenemos que la palabra de un o una estudiante nunca debe ser puesta en duda ignorada ni minimizada; nuestro país ha avanzado para que las víctimas encuentren instituciones que las escuchen y las acompañen pues toda denuncia merece ser atendida con seriedad, investigada con profesionalismo y resuelta con base en pruebas, nunca en prejuicios.
Sin embargo, defender a las posibles víctimas no significa renunciar a otro principio fundamental del derecho: la presunción de inocencia. Una acusación no representa una sentencia. Ningún maestro, ni cualquier otra persona, debe ser condenado públicamente antes de que las autoridades esclarezcan los hechos.
En este contexto resultan oportunas las declaraciones del dirigente de la Sección 34 del magisterio en Zacatecas, quien ha planteado la necesidad de fortalecer los mecanismos que protejan a los docentes de acusaciones que no han sido probadas o mientras las investigaciones están en curso. No se trata de desacreditar a nadie, se trata de garantizar que toda actuación de la autoridad sea objetiva, imparcial y respetuosa de los derechos de todas las personas involucradas.
El Estado mexicano tiene la obligación de proteger simultáneamente dos bienes esenciales: el derecho de las víctimas a obtener justicia y el derecho de cualquier persona acusada a un debido proceso.
No podemos permitir que las redes sociales dicten sentencias ni que la indignación sustituya el trabajo de ministerios públicos y tribunales. La verdad solo puede construirse mediante investigaciones a fondo, pruebas científicas y resoluciones imparciales.
El caso del profesor Alberto Israel Jasso deja una lección dolorosa para todo el país, debemos perfeccionar nuestros protocolos, fortalecer las instituciones y garantizar investigaciones serias que protejan a quien denuncia, pero también a quien enfrenta una acusación. Porque lo que buscamos es consolidar una justicia humana, capaz de defender la dignidad de las víctimas, respetar los derechos de los acusados y ofrecer a la sociedad la verdad.
Sobre la Firma
Senador, académico, fundador de Morena, fresnillense.
saul.monreal@senado.gob.mx
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