CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En Zacatecas, la política no se mide en votos, se hereda. José Olvera Acevedo, delegado del CEN priista, ha sacado a relucir los nombres que el PRI guarda como sus “cuadros valiosos” rumbo a 2027. Habla de perfiles con experiencia, trayectoria y oficio. Menciona a Claudia Anaya Mota, Fuensanta Guerrero Esquivel, Adolfo Bonilla Gómez y Carlos Peña Badillo. Es, sin embargo, más una alineación de sobrevivientes que de estrategas. Porque aquí no se construye futuro: se reparten ruinas.
Claudia Anaya, la eterna postulante, arrastra más derrotas que banderas. Forjada en las filas del PRD de Amalia García Medina, brincó al PRI no por convicción sino por cálculo. Perdió ante David Monreal, luego ante Verónica Díaz y Saúl Monreal. Ha hecho del escaño senatorial una casa de campaña permanente. Sus méritos reales, si los hay, están sepultados bajo años de discursos reciclados y derrotas rentables.
Fuensanta Guerrero, con cargo en la CNOP y curul plurinominal, es una figura más del priismo centralista que de la realidad zacatecana. Nunca ha sudado la tierra que dice querer gobernar. Su poder es un eco de la Ciudad de México, no una resonancia del semidesierto.
Carlos Peña es quizá el más cercano al territorio. Fue alcalde, es diputado y dirigente del PRI local, y se ha mantenido presente donde duelen las cosas. Su problema es otro: arrastra el descrédito de un partido que perdió el alma hace tiempo y, desde entonces, se ha convertido en espectador de sus propios fracasos.
Y luego está Adolfo Bonilla. “Fito”, el empresario, el eterno prospecto. Su talento es saber cuándo no competir. Cedió ante Tello, cedió ante Anaya. Su instinto no es el del político de combate, sino el del inversor que evalúa riesgos. Quiere la gubernatura, sí, pero sin mancharse los zapatos.
La convocatoria de Olvera Acevedo a la unidad interna y a evitar rupturas suena a declaración de manual. No hay unidad posible cuando lo que se disputa es el botín de un naufragio. Habla de evitar el uso de recursos públicos para fines personales, en un estado donde la frontera entre lo público y lo privado ya es sólo una ficción jurídica.
Lo que el PRI presenta como fortaleza es, en realidad, una colección de debilidades perfectamente identificadas. El problema no es si Claudia, Carlos, Fuensanta o Fito pueden ser candidatos; el problema es que ya lo fueron, de una u otra forma, y el electorado ya los juzgó.
Extorsión: el crimen que no cesa
En Zacatecas, la palabra extorsión ha dejado de ser abstracta. Tiene nombre, tiene cifras, tiene miedo. Y aunque las estadísticas insisten en que se ha registrado una disminución en el número de carpetas de investigación —de 479 en 2023 a 339 en 2024—, el dato aislado no alcanza para esconder la verdad de fondo: el delito no sólo persiste, sino que muta, se adapta, se enraíza.
Entre 2017 y 2024, el incremento de la extorsión en la entidad fue del 72%, según cifras oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ). La mayoría de los casos —el 97.52%— fueron extorsiones telefónicas o “secuestros virtuales”, ejecutados desde penales en Jalisco, Tamaulipas y Ciudad de México, de acuerdo con el fiscal Cristian Paul Camacho.
Pero el dato más preocupante está en la punta del iceberg: durante los primeros cinco meses de 2025, se han reportado ya 32 casos de cobro de piso, la versión física de esta violencia silenciosa.
A nivel nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una cruzada contra este delito que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el único de alto impacto que no ha cedido. Su propuesta: reformar el artículo 73 constitucional para que el Estado pueda perseguir la extorsión de oficio, sin que medie denuncia de la víctima. “La víctima es el Estado”, dijo. Una frase poderosa, pero insuficiente si no va acompañada de resultados tangibles.
La estrategia incluye el número 089 para denuncias anónimas, bloqueo de líneas usadas para delinquir, despliegue de células de inteligencia y homologación legislativa en todo el país. Ernestina Godoy y Omar García Harfuch detallaron los mecanismos, prometiendo coordinación y eficiencia. El tiempo dirá si esas promesas logran romper el cerco de impunidad que ha permitido que el crimen organizado transforme el teléfono en arma, la voz en amenaza y la ausencia del Estado en costumbre.
Zacatecas, como otros estados del país, necesita más que discursos y estructuras jurídicas. Necesita justicia real. Necesita que las 13 órdenes de aprehensión cumplidas en 2023 no sean la excepción, sino la regla. Porque mientras el miedo siga marcando la agenda, ningún número será suficiente.
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