RAFAEL CANDELAS SALINAS
Hace unos días recibí un cargo que me hizo detenerme a pensar.
Durante años he pagado mi seguro de gastos médicos mayores, lo he contratado con diferentes compañías, siempre buscando la mejor oferta en calidad y precio, ya que es una cantidad importante, pero siempre la consideré una inversión en tranquilidad.
Sin embargo, este trimestre el cobro tuvo un aumento de casi el 50%
Llamé para preguntar la razón del incremento. Me explicaron que, además de los ajustes normales por edad y por el aumento en los costos de la atención médica, recientes modificaciones fiscales también habían incrementado los costos para las aseguradoras y que parte de ellos terminarían reflejándose en las primas que pagan los asegurados.
No sé qué porcentaje corresponde a cada uno de esos factores, lo que sí sé es que el resultado es el mismo: un aumento desproporcionado que hace imposible mantener un seguro médico para muchas familias.
Y ahí fue donde entendí que el problema va más allá de lo que me sucedió a mí, sino de lo que sucede a miles de familias mexicanas.
Aclaro que no escribo estas líneas para atacar a las aseguradoras. Entiendo que son empresas privadas y, como cualquier empresa, existen para obtener utilidades. Eso es perfectamente legítimo.
Tampoco pretendo que pierdan dinero.
Lo que me preocupa es que el sistema parece castigar -como siempre- a los mismos de toda la vida, al ciudadano común.
Pensemos en una persona que contrata un seguro médico a los treinta años.
Durante tres o cuatro décadas paga puntualmente sus primas; afortunadamente nunca lo utiliza o lo hace muy poco.
Durante todo ese tiempo deja de gastar ese dinero en temas personales o familiares y entrega cientos de miles, e incluso millones de pesos, a cambio de una sola cosa: la tranquilidad de saber que, si algún día enfrenta una enfermedad grave, alguien responderá por él y por su familia.
Pero entonces llegan los sesenta o los sesenta y cinco años; la edad en la que más probabilidades existen de necesitar atención médica, y paradójicamente, también llega el momento en que el seguro se vuelve más caro.
Justamente cuando la mayoría deja de trabajar, muchos se jubilan y muchos más ni siquiera eso alcanzan, es la edad cuando sus ingresos disminuyen y las necesidades médicas aumentan.
En otras palabras, es cuando más necesitan el seguro y cuando menos pueden pagarlo.
La consecuencia es dramática.
Miles de personas terminan cancelando la póliza que sostuvieron durante décadas, otras sacrifican gran parte de su patrimonio para conservarla, y muchas más quedan completamente desprotegidas frente a una enfermedad que puede consumir en pocos meses el esfuerzo de toda una vida.
Entonces aparecen las deudas, la venta de bienes, la ayuda de los hijos o, en el mejor de los casos, las largas filas y listas de espera del sistema público de salud.
Hay otro aspecto que también merece una reflexión.
Cada año las aseguradoras cobran los llamados derechos o gastos de emisión de la póliza.
Entiendo que toda empresa tiene costos administrativos, lo que no alcanzo a comprender es por qué, después de diez, veinte o treinta años como asegurado, se sigue cobrando año tras año la “emisión” de una póliza que, en realidad, ya existe y simplemente se renueva de manera electrónica.
En tiempos en los que prácticamente todo se administra desde una computadora, resulta razonable preguntar si ese concepto sigue plenamente justificado o si, por lo menos, debería transparentarse con mayor claridad.
Y esa palabra, transparencia, quizá sea la clave de toda esta discusión.
Si las primas aumentan por la inflación médica, que se explique.
Si aumentan por la edad del asegurado, que se explique.
Si obedecen a modificaciones fiscales, que también se explique.
Y si existen cargos administrativos permanentes, el consumidor tiene derecho a saber exactamente qué está pagando y por qué.
Pero creo que aún podemos ir más allá.
¿No debería reconocer la ley a quienes han permanecido asegurados durante años pagando puntualmente?
¿No debería existir algún incentivo para quienes sostuvieron el sistema durante toda su vida sin representar un costo importante para la aseguradora?
No hablo de subsidios, no hablo de regalar servicios, hablo de construir un sistema más justo para quienes fueron previsores y responsables.
Porque el seguro médico no debería convertirse en un lujo precisamente cuando la edad hace que más lo necesitemos.
Los legisladores ya decidieron modificar reglas fiscales que impactan en este mercado. Tal vez ha llegado el momento de revisar también las reglas que protegen a los asegurados.
Porque detrás de cada póliza hay mucho más que un contrato. Hay años de trabajo, hay sacrificios, hay ahorros, hay confianza. Y esa confianza también merece ser protegida.
Ojalá que los legisladores, antes de pensar en castigar a las grandes empresas, entiendan bien quién será el destinatario final de ese cargo, pues en esta reforma, como en muchas otras, resulta que somos los ciudadanos otra vez, los que pagamos la tranquilidad durante toda la vida… y la perdemos cuando más la necesitamos.
Nos leemos el próximo miercoles con más del Dedo en la Llaga.
Sobre la Firma
Jurista, exlegislador y columnista sin concesiones.
rafaelcandelas77@hotmail.com
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