CARLOS PEÑA BADILLO
Durante la semana anterior, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, encabezada por Everardo Ramírez Aguayo, informó a través de notas periodísticas y material fotográfico, la conformación de dos células de búsqueda: una enfocada en los municipios de Pinos y Loreto, y otra en Ojocaliente y Cuauhtémoc.
Ramírez Aguayo informó que existe una mesa permanente de trabajo para atender a los colectivos de búsqueda. Mientras tanto, su superior, el secretario de Gobierno, reitera el compromiso de la administración estatal de trabajar de manera continua para brindar tranquilidad y certidumbre a las familias de los desaparecidos.
La nota informativa está bien elaborada, pero hay un problema evidente: no se muestran resultados tangibles en la búsqueda de personas desaparecidas en Zacatecas. En cambio, abunda la parafernalia: mesas de trabajo permanentes, declaraciones sin fin —propias de quien debe demostrar preocupación— y promesas de que las familias “no están, ni estarán solas”, siempre con el “respaldo del Estado”.
Este tema es interesante por lo mucho que se dice y lo poco que se logra. Según el último informe de la Organización México Evalúa, basado en datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, entre los meses de enero y febrero Zacatecas registra una de las tasas más altas de desapariciones en el país, con 3.6 personas desaparecidas y no Localizadas por cada 100 mil habitantes, junto con Sonora (5.4), Sinaloa (4.3), Ciudad de México (4.0) y Quintano Roo (3.8).
Hasta hoy, no solo este informe, sino las versiones de los distintos medios de comunicación destacan que la crisis de desapariciones está impulsada en Zacatecas por la expansión del CJNG, que ha intensificado su presencia enfrentándose a cárteles locales. Además, el crimen organizado ha diversificado sus actividades, involucrándose no solo en el narcotráfico sino también en las extorsiones, robo de combustibles y tráfico de personas, razón principal de las desapariciones.
Históricamente, México no ha contado con una política institucional efectiva en torno a la desaparición de personas, incluyendo medidas de atención y reparación a las familias. Es por esta razón que las cifras oficiales de personas desaparecidas siempre han sido motivo de controversia. Cómo ocurre en la mayoría de las bases de datos sobre incidencia delictiva en México, en el tema de personas desaparecidas existen problemas de subregistro, originados por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, por la inexistencia de mecanismos y canales de denuncia seguros, por el mal procesamiento de las denuncias y por la probable manipulación de los reportes de incidencia por parte de las fiscalías.
En Zacatecas, en los últimos cuatro años se han denunciado 3 mil 812 personas desaparecidas o no localizadas. La mitad de ellas mil 881 no han sido localizadas. Este número demuestra la banalidad de los anuncios y publicaciones que se hacen en Zacatecas para presumir que se trabaja ante este grave problema.
Según los registros de las mil 931 personas que ya fueron localizadas, 253 se encontraron sin vida, pero la cifra es lo de menos, lo que ha Zacatecas indigna es la superficialidad institucional, la pasividad con que se enfrentan estás dramáticas cifras, que por sí solas significan tristeza, hartazgo, desilusión, mucho enojo y total pérdida de confianza de las madres y padres de familia de los hermanos o los tíos, o de los hijos que buscan a sus padres.
Se trata de un entramado de horror por la ausencia de los seres queridos, por la angustia de no saber si están vivos o muertos, por la desesperación de las madres cuando los desaparecidos son jóvenes que apenas estudian secundaria o preparatoria. Es la tragedia en su más cruda expresión, que la sufren los de abajo, los que viven generalmente en los municipios y en las comunidades rurales, los que no tienen dinero para acudir ante la Fiscalía General de Justicia o a la Comisión Estatal de Búsqueda para pedir o insistir en la ayuda. Es un panorama que entristece, duele, pero lamentablemente no tiene enfrente una solución creíble.
Afortunadamente ya se crearon distintos colectivos de búsqueda, ellos son los integrantes de familias incompletas porque les falta uno o dos, o más seres queridos. Ellos son los que tienen la información, los nombres y las fotos de los desaparecidos, son los que hacen las preguntas, pero no tienen respuestas.
Es cierto que el problema significa una calamidad nacional, pero eso no justifica que los gobiernos estatales no destinen más recursos y más personal para el organismo que encabeza, de manera institucional, la búsqueda de desaparecidos.
Esta es otra asignatura más de las que no tiene resueltas en el gobierno del estado. Estoy cierto que mientras no se den cifras concretas de hallazgos que disminuyan la enorme lista de desaparecidos, en el Estado no debe hablarse con triunfalismos sino con preocupación. No debe lucrarse con este dolor latente de cientos de familias que tienen años sufriendo por la desaparición de un ser querido. Ya es tiempo que seamos serios, responsables, congruentes, sensibles y empáticos ante el dolor ajeno.
Mientras los resultados que el gobierno está obligado a dar con nombres y números, no lleguen, la manipulación mediática de las acciones de búsqueda es reprobable, inadmisible e injusta para todos los que sufren por una persona ausente.