CARLOS PEÑA BADILLO
Desde el 20 de enero del presente año, los anuncios de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos para controlar la migración y declarar a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas, se consideraron como sacudidas fuertes a la vida normalizada, según el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Siguieron la sacudida de los aranceles y después otra con la aplicación de impuestos de 3.5% a las remesas de nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos y que regularmente envían dinero a sus familias en México, aunque este impuesto se acaba de reducir al 1%.
Pero la sacudida que se dio la semana pasada contra los grupos delincuenciales y algunas redes de lavado de dinero, ya tuvo otras implicaciones mayores. La prueba de que hay mucha certeza en que las culpas sean reales tienen como indicativo la primera defensa que la presidenta de la República hizo en su conferencia mañanera al decir que la acusación del Departamento del Tesoro, por conducto de la Red de Ejecución de Delitos Financieros que acusaron a dos bancos mexicanos y una casa de bolsas de lavar dinero del narco, no tenía sustento, porque no presentaban pruebas. Y enseguida ordenó al secretario de Hacienda a minimizar la información, con el mismo documento de la falta de pruebas.
Sin embargo, en varios medios de comunicación nacionales se dio a conocer la notificación que hizo el Departamento del Tesoro Norteamericano, que consta de 25 cuartillas y que alerta sobre otras formas de lavado de dinero por los cárteles Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de los Beltrán Leyva. También se consignan falsas remesas familiares, contrabando en efectivo, comercio ilegal, operaciones espejo y transferencias de criptomonedas.
La notificación del Departamento del Tesoro establece que CIBANCO abrió cuentas a tres empresas del Cártel Jalisco Nueva Generación para transferir fondos hacia compañías asiáticas, de China en particular, para la compra de precursores del fentanilo. Estás operaciones se multiplicaron entre 2021 y 2024, durante el gobierno de López Obrador.
También el reporte señala que del 2006 al 2012 el ahora sentenciado a 37 años de prisión Genaro García Luna, utilizó empresas fachadas y la Casa de Cambio Vector, propiedad del que fue jefe de la Oficina de la Presidencia con López Obrador, Alfonso Romo, quien en su tiempo colocó a sus recomendados en dependencias financieras, incluso en el SAT, según lo denunció el entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en su carta de renuncia de julio del 2019.
Las notificaciones específicas alcanzan también al Banco Intercam, pero también tiene, por lo pronto, la defensa a ultranza de la presidenta y su secretario de Hacienda que desde el primer día buscan desacreditar las acusaciones contra las financieras mexicanas, señalando a través de los medios oficialistas que Estados Unidos, en lugar de acusar a bancos mexicanos debe buscar el castigo para sus propios bancos, ya que existen referencias completas de qué también allá lavan dinero.
Todo esté ruido mediático se concreta a la intrínseca necesidad de desmentir que hay relaciones entre los cárteles de la droga y el gobierno de México, y por ello la exigencia de las pruebas. Pero la sacudida es real y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con su Red de Ejecución de Delitos Financieros, que es equivalente a la Unidad de Inteligencia Financiera de México no tiene duda que muy pronto interpondrá nuevas denuncias. La guerra de los Estados Unidos contra los carteles de la droga, considerados ya grupos terroristas, apenas está comenzando. Es decir, vendrán nuevas sacudidas para el gobierno mexicano.
