Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el derecho de las audiencias, contemplado en el artículo 6 de la Constitución, no representa un mecanismo de censura sino una garantía de acceso a información plural, en respuesta a las críticas que ha generado la propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, actualmente en consulta pública hasta el 21 de agosto.
Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria sostuvo que el rechazo de ciertos sectores a la iniciativa responde a un desacuerdo político de fondo con su gobierno más que a una preocupación genuina por la libertad de expresión. “Lo que hay en el fondo es que no están de acuerdo con nuestro gobierno, porque ellos quisieran tener los mismos privilegios que tenían antes; pero ya no, México cambió, y cambió porque el pueblo de México lo decidió”, declaró.
Sheinbaum insistió en que la discusión no gira en torno a la existencia de censura, sino a la claridad de los lineamientos: “¿Hay censura? No hay censura. ¿No se está de acuerdo con los lineamientos? Pues hay que buscar adecuarlos para que sean más claros. Pero el derecho de las audiencias es un principio constitucional”, enfatizó.
La presidenta citó de manera textual el segundo párrafo del artículo 6 constitucional, que establece: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. Con ello buscó anclar la propuesta regulatoria en un fundamento jurídico ya existente y no en una innovación normativa que amplíe las facultades del Estado sobre los contenidos mediáticos.
En la misma conferencia, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, precisó los alcances reales del documento en consulta. Según explicó, los lineamientos no facultan al Estado para sancionar contenidos ni para determinar qué información es verdadera y cuál no.
En cambio, la responsabilidad recae en los propios medios de comunicación, que deberán emitir un Código de Ética donde establezcan los mecanismos para garantizar que la información difundida sea verificada y certificada, además de designar a un defensor de audiencias y ofrecer canales de defensa para el público.
Alcalde detalló que uno de los ejes centrales de la propuesta es distinguir con claridad la publicidad del contenido informativo, de manera que las audiencias puedan identificar cuándo un mensaje corresponde a un espacio pagado.
En televisión, los lineamientos obligarían a mencionar explícitamente que se trata de un espacio comercializado o a mostrar en pantalla, de forma clara y visible, el símbolo “P”, además de una leyenda final que indique que el programa contó con espacios comercializados o patrocinados. En radio, la exigencia se traduce en una mención verbal previa y clara de que el contenido corresponde a publicidad.
La misma lógica de separación se extendería a la distinción entre opinión e información periodística. En televisión, los contenidos noticiosos deberían incorporar plecas, cortinillas o mensajes en pantalla que permitan identificar cuándo quien conduce, informa o comenta está expresando una opinión personal y cuándo está transmitiendo un mensaje informativo. En radio, la obligación equivalente consistiría en incorporar elementos sonoros al inicio y al final del contenido que cumplan la misma función de diferenciación.
La controversia se inscribe en un debate más amplio sobre el papel regulador del Estado frente a los medios de comunicación en México, un terreno históricamente sensible por su relación directa con la libertad de expresión y con los equilibrios de poder entre el gobierno y las empresas de radiodifusión.
Mientras el Ejecutivo federal defiende que la iniciativa parte de un mandato constitucional preexistente y busca proteger al público frente a la desinformación y la publicidad encubierta, voces críticas del sector mediático han expresado inquietud por el margen de interpretación que estos lineamientos podrían otorgar a las autoridades. El resultado de la consulta pública, que cierra el 21 de agosto, será determinante para definir si el texto final logra despejar esas dudas o si la disputa se traslada a otros frentes, incluido el judicial.
LNY | Redacción