RAYMUNDO MORENO ROMERO
La democracia no se limita al proceso electoral y mucho menos al día en que acudimos a las urnas, comienza y se robustece cada vez que algún ciudadano alza la voz, sin miedo a ser silenciado. En ese sentido, la discusión sobre la reforma en materia de telecomunicaciones y derechos de las audiencias no puede verse exclusivamente como un debate técnico. Se trata de una discusión trascendental, social y política sobre uno de los pilares de toda República democrática: la libertad de expresión.
Nuestra Constitución es clara, el artículo 6º establece que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, salvo en casos extraordinarios previstos por la propia Carta Magna. El artículo 7º dispone que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, y prohíbe expresamente cualquier restricción indirecta a ese derecho.
No se trata del privilegio de los periodistas o un negocio de los medios, sino de un derecho de todas y todos. El espíritu de la libertad de expresión busca proteger a aquellas voces cuyas opiniones incomodan al poder.
El problema de esta reforma no es únicamente lo que dice en el papel, sino el precedente que puede establecer. Cuando un gobierno crea mecanismos para intervenir, calificar o sancionar contenidos, aunque lo haga bajo el argumento de combatir la desinformación o proteger a las audiencias, naturalmente surge una pregunta: ¿Quién vigilará al vigilante?
Porque ningún gobierno debería tener la posibilidad de convertirse en árbitro y censor de aquello que se dice sobre su desempeño.
Las instituciones democráticas deben diseñarse bajo un principio elemental: limitar al poder, no darle manga ancha para hacer y deshacer bajo la premisa del capricho coyuntural o el interés partidista.
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 13, prohíbe expresamente las restricciones indirectas a la libertad de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en múltiples sentencias, que la libertad de expresión constituye una piedra angular de toda sociedad democrática. Sin ella, el debate público deja de ser libre y la ciudadanía pierde su principal herramienta para exigir cuentas y resultados al poder.
Lo que hoy se busca es entregar al gobierno un cheque en blanco, una facultad administrativa que mañana podría convertirse en instrumento de censura y represión. La historia nos ha enseñado que los gobiernos rara vez renuncian voluntariamente al poder que acumulan. Quienes hoy defienden estas facultades, porque confían en la buena voluntad de los funcionarios actuales, deberían preguntarse si también las defenderían si el poder cambiara de manos, porque los derechos fundamentales no se construyen a partir de la fe ciega en determinados individuos, sino sobre límites institucionales a quien sea que ejerza el poder.
Un gobierno verdaderamente democrático no necesita decidir qué pueden escuchar o no los ciudadanos, sino que confía en que ellos sabrán distinguir entre la verdad, la mentira y los “otros datos”.
Cuando un Estado pretende convertirse en árbitro de la información, denota su desconfianza en esas audiencias a las que considera una amenaza o incapaces de discernir, y cuando los ciudadanos dejan que el gobierno decida qué puede decirse, inevitablemente el resto de las libertades comienzan a perderse no en un estruendo dramático y escandaloso, sino en el pantanoso silencio de las mordazas y las dictaduras.
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