SAÚL MONREAL ÁVILA
Y que no se entienda mal, no nos referimos a quienes están al frente de un noticiero, nos referimos a los dueños del medio, a los que desde lo más alto se ponen de acuerdo para mentir deliberadamente, durante décadas, en México ellos confundieron la libertad de expresión con el privilegio de unos cuantos para controlar la conversación pública. Se normalizó que un reducido grupo de concesionarios y comunicadores definiera a quién había que exaltar y a quién convenía destruir. Hoy, cuando se plantea fortalecer los derechos de las audiencias, esos mismos sectores levantan la bandera de una supuesta censura, como si el simple hecho de rendir cuentas constituyera una amenaza para la democracia.
La discusión de fondo es mucho más seria, el derecho de las audiencias no busca silenciar opiniones ni imponer una verdad oficial; pretende garantizar el derecho humano de que las personas reciban información claramente diferenciada de la opinión, que la publicidad no se disfrace de periodismo, que existan mecanismos de defensa cuando un ciudadano se considere agraviado y que los medios asuman la responsabilidad por mentir cínicamente con montajes, con manipulaciones, con falsedades cuando así lo sean , ya que ellos hacen uso de un bien público como el espectro radioeléctrico.
Paradójicamente, quienes hoy se presentan como los grandes defensores de la libertad de expresión guardaron un silencio ensordecedor cuando el poder político y buena parte de los grandes medios construyeron una relación de mutua conveniencia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto gracias al cuantioso e insultante gasto en publicidad, como nunca en la historia. Los escándalos de corrupción eran minimizados, los temas incómodos desaparecían de las pantallas y de los micrófonos, y la pluralidad quedaba subordinada a intereses políticos y comerciales. Esa memoria parece haberse extraviado entre quienes ahora denuncian autoritarismo cada vez que se habla de reconocer y fortalecer los derechos de las audiencias.
El debate tampoco puede reducirse a que se está eligiendo entre regulación y libertad, toda democracia entiende que los derechos fundamentales van acompañados de responsabilidades. La libertad de expresión protege a periodistas, comunicadores y ciudadanos, pero, ante todo, debe proteger a las audiencias frente a la manipulación, la desinformación deliberada, las noticias falsas y las campañas de desprestigio construidas desde espacios de enorme influencia pública. No existe contradicción entre ambas dimensiones; por el contrario, una fortalece a la otra.
Hoy hay quienes tienen el monopolios de la palabra, mienten y tergiversan cuando quieren y así quieren permanecer, por eso no aceptan perder esos privilegios que por décadas el poder le había otorgado. Por eso la resistencia es tan intensa, lo que realmente está en juego no es la posibilidad de opinar libremente, sino el fin de una época en que los grande medios de comunicación ponían presidentes y millones de mexicanos únicamente podían escuchar.
Quienes hoy rechazan cualquier regulación deberían recordar que durante años guardaron silencio frente a los abusos del poder y frente a la manipulación informativa, es más, se les olvida que firmaron un pacto de silencio con Felipe Calderón, se llamaba: Acuerdo para la cobertura Informativa de la Violencia. Pero de eso, hablaremos después porque vale la pena recordarlo.
Sobre la Firma
Senador, académico, fundador de Morena, fresnillense.
saul.monreal@senado.gob.mx
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