CARLOS PEÑA BADILLO
La propuesta de modificación a la Ley de Amparo propuesta por Morena, es una nueva estrategia del gobierno para centralizar la toma de decisiones en el Poder Judicial, privilegiando el criterio político, por encima de la protección a las y los mexicanos ante el arbitrio.
La figura del Amparo mexicano es reconocida incluso a nivel internacional, como una garantía de protección de derechos ante posibles arbitrariedades a nivel individual y colectivo, por lo que esta propuesta, representaría un retroceso y pérdida de resguardo para las y los mexicanos.
La mal llamada elección judicial, fue en sí un retroceso, al que se sumó la farsa de
elección de jueces y magistrados mediante el uso de acordeones y el dedazo. Ahora la propuesta de modificación a la Ley de Amparo sería el último paso para el control absoluto del Poder Judicial desde el gobierno, quedando a su disposición la decisión de a quién proteger ante posibles injusticias.
Con el supuesto de reducir los tiempos con los que se reciben sentencias, esta propuesta sería una vía para dar manga ancha a la voluntad del gobierno vía sus jueces impuestos para dejar sin protección a las y los mexicanos, además de desamparar ante detenciones arbitrarias como sucede en países de corte socialista.
El querer controlar aún más los procesos judiciales por parte de Morena, es parte del objetivo de implantar una dictadura y un sistema autoritario, mediante la que quieren gobernar como una narcodictadura con el uso del miedo y las amenazas, amedrentando a quien se oponga y alce la voz contra ellos.
El PRI se opondrá a esta nueva afrenta del gobierno para afectar al pueblo de México y hará una campaña decidida en territorio, universidades, medios de comunicación e incluso a nivel internacional, para evitar este atropello a las garantías que tanto esfuerzo costaron consolidar. Así mismo hace un llamado a los juristas, estudiantes y a la ciudadanía en general a no quedarse callados y sumarse para luchar y evitar este atropello de Morena.
Las reformas importantes al Poder Judicial llegaron con Andrés Manuel López Obrador, pero, aunque según él afectaban al gobierno, los jueces lograron frenar obras y acciones de ese gobierno, por lo que con todo el poder en sus manos ahora no quieren que a través del Amparo se les señale por violar derechos humanos.
Para el caso de Zacatecas, es fácil entender la modificación que se pretende hacer al Artículo 5, porque ahora se cierra la puerta en los Juicios de Amparo a favor de los derechos colectivos; es decir, una demanda de organizaciones sociales como la que se formó para frenar la obra caprichosa del Segundo Piso ahora no tendrá protección, y la resolución fácilmente podría favorecer a la autoridad gubernamental.
En su exposición de motivos de esta nueva ley, la presidenta Claudia Sheinbaum señala que, si una persona se ampara contra la Unidad de Inteligencia Financiera, por el congelamiento de sus cuentas, no podrá solicitar la suspensión provisional ya que no se considera como un caso de interés social.
Como en Zacatecas es muy grave el desabasto de medicamentos, si hubiera un Juicio de Amparo contra las autoridades del Sector Salud por la falta de medicamentos y el Juez considera que existe imposibilidad de entrega, la autoridad responsable quedaría exenta de pagar multas o de enfrentar una responsabilidad penal por incumplimiento.
Solamente debemos imaginar cómo zacatecanos ¿qué pasará con los pensionados del Issstezac si está reforma se aprueba? Simplemente se limitarán sus derechos, porque obviamente los jueces le darán la razón a la autoridad.
Por esta razón hoy tengo que afirmar que está nueva Ley de Amparo es, ni más ni menos, que una nueva afrenta de Morena contra el pueblo de México.
Sobre la Firma
Diputado, exalcalde, voz opositora firme
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