CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
El martes, el secretario general de la Sección 58 del SNTE firmó un comunicado para anunciar una victoria. La suspensión provisional que frenó la entrega del Hotel Parador, decía Marcelino Rodarte Hernández, era fruto de la “estrategia legal” de su sindicato.
A unos kilómetros de distancia, el abogado que realmente promovió esos amparos se deslindó de cualquier vínculo con las cúpulas gremiales. En el fondo, ninguno de los dos miente. Lo que se disputan es otra cosa: quién se queda con el crédito de un golpe judicial que a ninguno le tocaba ganar, y mucho menos en solitario.
La LXV Legislatura aprobó el 6 de julio la dación en pago del hotel al Gobierno del Estado, para saldar una deuda de 315 millones de pesos que el Issstezac mantiene con la Secretaría de Finanzas.
Antes de que el decreto se ejecutara, trece jubilados y pensionados, representados por el despacho Studio Legale JR y su titular, Jorge Rada Luévano, promovieron amparos indirectos. El Juzgado Tercero de Distrito los admitió, los acumuló bajo el expediente 1333/2026 y concedió la suspensión provisional.
Argumentan que el hotel forma parte de la Reserva Técnica del instituto, que su salida no tiene respaldo actuarial, y que el Estado actúa a la vez como impulsor, acreedor y beneficiario de la misma operación, sin haber probado una venta competitiva que diera liquidez sin sacrificar el activo.
Esa es justamente la pregunta que el gobierno no ha respondido con cifras: por qué se eligió esta vía y no otra. No se trata de un asunto menor, sino del punto débil que sostiene todo el litigio, y es probable que sea también el motivo por el que un juez federal optó por detener el proceso hasta que alguien lo explique.
La ironía es que quienes hoy reivindican ese freno lo negociaron ellos mismos. Marcelino Rodarte, del SNTE 58, y Ernesto Macías Silva, del SITTEZ, avalaron la desincorporación en la Junta Directiva del Issstezac en junio de 2025, bajo presión gubernamental y a cambio de liberar jubilaciones detenidas y promesa de pagos incumplida.
Un año después buscan capitalizar una victoria construida por derechohabientes independientes y un abogado ajeno a cualquier estructura sindical. Quienes firmaron el problema ahora reclaman el mérito de la solución.
El todavía inquilino de La Casa de los Perros no ha cambiado su argumento: el inmueble, valuado en 364.3 millones de pesos, se convertirá en una Casa del Bienestar para adultos mayores, y el sector hotelero del Issstezac genera pérdidas anuales de 27 millones.
Se trata de un argumento contable que deja huecos: por qué sanear las finanzas exige ceder un activo de la reserva de pensiones y por qué esa alternativa nunca se sometió al mercado.
El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, respondió no al fondo del amparo, sino a su origen: dijo que ni la Coordinación Jurídica, ni la Legislatura, ni el Issstezac fueron notificados de la suspensión, cuando los juzgados primero y segundo ya habían negado medidas similares sobre el mismo acto.
Y planteó la hipótesis de una filtración desde el Poder Judicial hacia un despacho privado que, de confirmarse, dijo, se trataría de colusión, y anunció que el caso llegará al Tribunal de Disciplina Judicial.
El expediente se complica con un dato que ninguna de las partes controla: la reciente suspensión de la Jueza Tercero de Distrito, titular del juzgado donde se tramita el caso. En un litigio donde cada plazo cuenta, esa incertidumbre pesa tanto como cualquier documento técnico.
El 17 de julio, a las 10:15 horas, se decidirá si la suspensión se vuelve definitiva.
Si el juez la otorga, el hotel seguirá bajo resguardo del Issstezac hasta que haya sentencia de fondo. Si la niega, el gobierno podrá escriturar, dar de baja el activo y comenzar la transformación del inmueble, mientras los 36 trabajadores que aún laboran ahí –representados por el SUTSEMOP– enfrentan un cierre acelerado.
Así, en tanto los jueces resuelven qué pasará con el hotel, la disputa política por atribuirse el mérito ya está en marcha.
Se resuelva como se resuelva la suspensión, algo ya quedó claro: en Zacatecas, hasta las victorias se disputan antes que la verdad.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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