CARLOS PEÑA BADILLO
En la semana anterior brotó cómo pus una información que dejó a miles y miles de trabajadores de escasos salarios, con muy mal sabor de boca.
De pronto, como de la nada, surgió la información de un padrón de beneficiarios de un programa de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que en lugar de impactar favorablemente entre las familias zacatecanas que tienen años y años esperando la oportunidad de construir un patrimonio con una vivienda, la mayoría de esos beneficiarios resultaron ser funcionarios de gobierno del estado. Y acepto que también ellos tienen derechos, pero la opacidad con la que lo hicieron al adquirir esos subsidios de vivienda, golpean al pueblo zacatecano, de por sí ya lastimado por tantas equivocaciones del actual gobierno.
Así, aparecieron con subsidios de hasta 624 mil pesos para adquirir un terreno en la zona habitacional Villas Universidad los funcionarios que enseguida menciono Carlos Alberto Zúñiga Rivera, jefe de la Oficina del Gobernador; Gabriela Evangelina Pinedo Morales, secretaria de Educación; Roberto Alejandro de León Hernández, secretario privado del gobernador; Víctor Humberto Delgado de la Torre, director general del SEDIF; Nieves Medellín Medellín, directora general del Conalep Zacatecas; Kevin Kolscani Guerra Ríos, director del Instituto Tecnológico Superior de Loreto; Uriel Márquez Romo, director del Sistema Estatal de Museos; Irvin Omar Macías Jaramillo, servidor público de Sizart; y Elsa Patricia Schnaider Barbosa, funcionaria adscrita a la Jefatura de Oficina del Gobernador.
Pero insisto, no es que los beneficiarios no tengan derecho a comprar una casa o un terreno, sino que ante el rezago que hay de 77 mil casas en el estado y que el gobierno destine 23.6 millones pesos para entregar 63 subsidios de vivienda a todos sus cercanos, no tiene nombre.
Esa es una realidad inaceptable, que quizá no sea ilegal, pero sí es inmoral, porque los recursos públicos deben ser para los más pobres, como ha dicho siempre su presidenta de la república.
Sin embargo, en México hay una palabra que se repite como mantra en cada mañanera: austeridad. Se ha convertido en la bandera moral del narcogobierno en el poder y en el argumento que justifica recortes, despidos y la desaparición de fideicomisos. Pero basta salir a la calle, entrar a un hospital público o esperar una patrulla que nunca llega, para descubrir que esa austeridad tiene un solo destinatario: el pueblo.
Mientras se predica la frugalidad, las salas de urgencias siguen sin medicamentos básicos. Las madres que buscan atención para hijos con cáncer hacen filas que terminan en tragedia. Los centros de salud mental, ya de por sí escasos en un país que apenas empezaba a hablar de la crisis de salud emocional, cierran o se desfinancian, dejando a miles de personas sin ningún lugar a dónde acudir. Los comedores comunitarios que alimentaban a quienes menos tienen desaparecen de los presupuestos, como si el hambre también pudiera resolverse con un decreto de “no hay dinero”.
La inseguridad, mientras tanto, no ha cedido con la austeridad; ha convivido con ella. Faltan patrullas, falta capacitación, faltan fiscalías con personal suficiente para investigar. La infraestructura se cae a pedazos —carreteras, hospitales, escuelas— porque el mantenimiento, esa tarea silenciosa y poco fotogénica, no cabe en el discurso del sacrificio compartido.
Y, sin embargo, cuando se trata de las obras insignia del propio gobierno, el dinero aparece sin que nadie explique bien de dónde ni a qué costo real. Trenes defectuosos que se construyen sin estudios de impacto ambiental completos, refinerías inservibles cuyo costo final triplica lo prometido, aeropuertos inútiles erigidos en tiempo récord a fuerza de contratos militares que eluden la fiscalización civil. Estas obras se presentan como legado histórico, pero funcionan también como cortina de humo: mientras se recorta lo cotidiano, se despilfarra en lo monumental.
La opacidad no es un efecto colateral, es el método. Contratos que no se licitan, información clasificada por razones de “seguridad nacional” que en realidad protege intereses políticos, auditorías que llegan tarde o nunca. El discurso de la austeridad republicana ha servido, paradójicamente, para blindar del escrutinio público justo aquello que más debería ser vigilado: el uso del dinero de todos.
Al final, la austeridad para el pueblo no ha significado un Estado más eficiente ni más honesto. Ha significado menos Estado donde se le necesita —en la clínica, en la patrulla, en la banqueta rota— y más discrecionalidad donde el poder decide qué construir, a quién beneficiar y qué callar. La frugalidad, que debería ser una virtud compartida, se ha convertido en un privilegio de doble filo: sacrificio obligatorio para unos, silencio conveniente para otros.
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Diputado, exalcalde, voz opositora firme
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