RAFAEL CANDELAS SALINAS
Solemos llamar impuesto a todo lo que el Estado mexicano nos cobra como personas, ya sea físicas o morales. Sin embargo es preciso comentar que el Estado, para funcionar, obtiene recursos de muchas maneras: cobra derechos por los servicios que presta, como cuando expide un pasaporte o una licencia; obtiene ingresos producto de la explotación de sus bienes, como cuando vende o arrenda un inmueble público; se le llama aprovechamientos a los ingresos que recibe, por ejemplo, de multas, recargos o indemnizaciones; recibe recursos por contribuciones de mejoras, por ejemplo cuando una obra pública incrementa directamente el valor de un inmueble; obtiene ingresos provenientes de sus empresas públicas como Pemex o CFE; incluso puede obtener ingresos por financiamiento cuando contrata una deuda; y desde luego su principal fuente de ingresos es vía impuestos, que son contribuciones que las personas pagan sin recibir un servicio específico a cambio.
En términos muy sencillos, un impuesto es la cantidad de dinero que el Estado cobra a los ciudadanos para financiar el gasto público.
Los mexicanos pagamos impuestos todos los días, forman parte de nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta.
Cuando cargamos gasolina, cuando compramos un refresco o una cajetilla de cigarros, cuando vamos al supermercado, cuando cobramos nuestro sueldo, cuando vendemos una propiedad, cuando tenemos un carro, cuando cambiamos de nombre un inmueble, cuando pagamos la nómina, y un largo etcétera.
Hay impuestos de carácter federal, estatal y municipal, cada uno de esos impuestos grava algo distinto y en consecuencia tiene diferente nombre.
Hoy me quiero referir al Impuesto Sobre la Renta (ISR) que específicamente grava la riqueza que una persona obtiene como consecuencia de su trabajo, de una actividad empresarial o de cualquier incremento en su patrimonio.
Actualmente, la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece algunos supuestos en los que no se pagará dicho impuesto, aquí comentaré solo un caso: el que tiene que ver con los ingresos que se reciban por herencia o legado; esas transmisiones están exentas del pago del ISR. Hasta el día de hoy.
¿Por qué?
Porque el legislador entendió algo muy simple: esa riqueza no nació en ese momento. Ese patrimonio ya pagó impuestos cuando fue adquirido por quien hoy lo transmite, cobrar nuevamente ISR sería, en muchos casos, gravar dos veces el mismo patrimonio.
Por eso resulta preocupante que diversas voces cercanas al oficialismo, como la ministra Lenia Batres estén planteando eliminar esa exención del ISR.
Algunos podrían pensar que solamente afectará a los grandes millonarios.
No es cierto. Afectaría a miles de familias de todos los sectores sociales, que después de décadas de trabajo, lograron comprar una casa, un terreno o un pequeño patrimonio que desean dejar a sus seres queridos.
Y aquí hay un dato que pocas personas conocen. Actualmente la exención no significa que el Estado renuncie para siempre al impuesto, simplemente difiere el momento de cobrarlo.
Me explico. Si Usted recibió por herencia o donación un inmueble, en ese momento no va a pagar el ISR, pero si decide posteriormente vender ese inmueble, el Estado calculará el ISR tomando como base toda la plusvalía acumulada desde que el bien fue adquirido originalmente. Es decir, el incremento en el valor del inmueble sí termina pagando impuesto cuando realmente se convierte en una ganancia económica.
Por eso el sistema vigente tiene una lógica jurídica y fiscal que protege la transmisión del patrimonio familiar, pero no perdona las ganancias futuras. Aun así, eliminar esa regla rompería ese equilibrio.
Desde el punto de vista jurídico, se desincentiva el derecho de las personas a formar y transmitir su patrimonio.
Desde la perspectiva económica, obliga a muchas familias a vender parte de los bienes heredados simplemente para poder pagar el impuesto, en el mejor de los casos, porque conozco de familias que, aun sin tener la obligación de pagar el Impuesto Sobre la Renta, no concluyen los tramites de escrituración porque no les alcanza para pagar los demás gastos que origina una transmisión de dominio como los son el pago de avalúo, planos, predial, certificado de libertad de gravamen, certificación de planos, el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles mejor conocido como traslado de dominio y la posterior inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Y desde el punto de vista social, castiga el ahorro, el esfuerzo y la cultura patrimonial que durante generaciones ha permitido que miles de mexicanos construyan un mejor futuro para sus hijos.
La realidad es que cuando al gobierno ya no le alcanza para financiar un gasto público cada vez más obeso, normalmente tiene dos caminos: hacer crecer la economía para recaudar más… o seguir cobrando más impuestos a quienes ya los pagan.
La propuesta de gravar las herencias no parece responder a una verdadera política de desarrollo económico, castiga la formación del patrimonio familiar en lugar de proteger el ahorro, incentivar la inversión y facilitar que cada generación pueda heredar a la siguiente un mejor punto de partida.
Gravar las herencias no es hacer más justa a una sociedad, es hacer más costoso el esfuerzo de toda una vida.
Nos leemos el próximo miércoles con más del Dedo en la Llaga.
Sobre la Firma
Jurista, exlegislador y columnista sin concesiones.
rafaelcandelas77@hotmail.com
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