Zacatecas, Zac.- El presidente del PRI en Zacatecas, Carlos Peña Badillo, demandó un cambio de rumbo en la estrategia de seguridad nacional tras la muerte de Naomi Elizabeth Martínez Sánchez, integrante de la Guardia Nacional, en un operativo en Jalisco. El dirigente vinculó el suceso con el clima de miedo y las pérdidas materiales que afectan a los municipios del sur del Estado.
La muerte de la agente Martínez Sánchez, de origen zacatecano, ha servido al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para cuestionar la eficacia de la coordinación federal. Peña Badillo, quien mantuvo comunicación con alcaldes de la zona sur de la entidad durante la jornada, describió un escenario de parálisis ciudadana y afectaciones económicas en carreteras y comercios, consecuencia directa de los enfrentamientos en la frontera con Jalisco. El análisis del dirigente subraya una insuficiencia en la capacitación y el fortalecimiento de las corporaciones locales, elementos que considera indispensables para la pacificación de la región.
Este reclamo institucional coincide con un momento crítico para la formación política, que busca recuperar terreno electoral tras los últimos reveses en las urnas. Durante el Consejo Político Estatal celebrado este fin de semana, el partido formalizó el inicio de su proceso interno de renovación. La estrategia contempla la actualización de los 58 comités y consejos municipales, así como de las casi 1.800 secciones electorales del Estado. Se trata de un despliegue organizativo orientado a la construcción de una estructura sólida para los comicios de 2027, bajo una retórica de apertura a nuevos perfiles.
La apuesta del PRI zacatecano por un discurso de “cambio de rumbo” busca capitalizar el descontento social por la violencia persistente. Al reconocer la labor de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, el partido intenta posicionarse como un interlocutor que respalda a las instituciones de seguridad, pero que exige resultados inmediatos en la protección de las familias. El desafío para la dirigencia estatal reside en transformar esta movilización interna y el diagnóstico crítico sobre la inseguridad en un proyecto político que resulte competitivo frente a la hegemonía actual en el Gobierno estatal y federal.
LNY | Redacción