JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Hoy las redes sociales han transformado la capacidad de vigilancia ciudadana. Una denuncia pública puede romper narrativas construidas desde el poder, exhibir contradicciones, desmontar versiones falsas y presionar para que la verdad salga a la luz. En múltiples ocasiones, la presión social ejercida desde plataformas digitales y amplificada por el periodismo ha obligado a instituciones y autoridades a responder ante hechos que inicialmente se intentaban ocultar, minimizar o distorsionar.
Los ciudadanos hoy participan, documentan, graban, cuestionan, investigan y denuncian en tiempo real. Esa presión pública ha demostrado que las redes sociales pueden convertirse en una herramienta de auditoría social capaz de influir en decisiones públicas y exigir rendición de cuentas. Mientras más ciudadanos denuncien, observen y compartan información verificable, más difícil será sostener narrativas basadas en la desinformación o el engaño.
En este nuevo contexto, resulta relevante que instituciones como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hayan comenzado a abrir mecanismos más accesibles para la participación ciudadana. Hoy existen canales que antes no se tenían, como denuncias a través de WhatsApp, correos electrónicos y mecanismos que incluso permiten realizar reportes de manera anónima. Lo más importante es que estas denuncias ya no quedan únicamente como expresiones públicas, sino que comienzan a recibir seguimiento institucional, al aportar información útil para la revisión de las cuentas públicas y el combate a posibles irregularidades.
Este tipo de herramientas acerca a las instituciones con la sociedad y reconoce que la vigilancia pública también puede construirse desde abajo. Cuando las personas sienten que sus denuncias son escuchadas y que pueden contribuir a procesos reales de fiscalización, aumenta la participación ciudadana y se fortalece la cultura de la rendición de cuentas.
Sin embargo, los derechos no se garantizan por sí solos. Necesitan vigilancia constante y defensa activa. Requieren ciudadanos atentos que no permitan su debilitamiento ni su retroceso. En una democracia, la participación ciudadana no puede verse como un lujo o una tarea secundaria, sino como una responsabilidad colectiva indispensable.
Por eso, hoy es más importante que nunca fortalecer y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil cuya misión es dar seguimiento, monitorear y defender derechos fundamentales como el acceso a la información y la protección de datos personales. Estas organizaciones deben actuar como contrapeso frente a posibles excesos del poder; como observadoras críticas del nuevo modelo institucional; como generadoras de evidencia técnica; y también como promotoras del conocimiento público sobre la transparencia, la privacidad y la rendición de cuentas, desde lo local hasta lo nacional.
Desde las universidades, colectivos digitales, centros de investigación, grupos de jóvenes y periodistas independientes, debemos construir redes de colaboración y vigilancia ciudadana. Redes capaces de documentar avances, pero también de alertar sobre retrocesos. Redes que acompañen a las personas cuando se vulnera su privacidad o cuando se le niega injustamente el acceso a la información. Redes que brinden orientación, respaldo y voz a quienes buscan ejercer plenamente sus derechos. Redes, también, para denunciar la corrupción.
Con frecuencia damos por sentadas libertades como la libertad de expresión, la participación política o el acceso a la justicia, pero la historia demuestra que ningún derecho está completamente asegurado si la ciudadanía deja de involucrarse. La vigilancia ciudadana cumple un papel esencial porque permite supervisar las decisiones del poder, exigir transparencia y evitar abusos.
Por ello, la libertad de expresión debe ser respetada y protegida en este país. Limitar la crítica, desacreditar las denuncias ciudadanas o intentar silenciar al periodismo debilita la democracia. Una ciudadanía informada y participativa fortalece la transparencia y evita que el silencio favorezca los abusos de poder.
Si logramos articular un ecosistema de participación ciudadana que vigile, cuestione y proponga, estaremos sembrando las bases de una nueva gobernanza construida desde abajo, desde la ciudadanía organizada.
El reto es enorme, pero no imposible. Ya lo hemos enfrentado antes. Ahora nos toca hacerlo de nuevo.
Porque los derechos que no se ejercen se debilitan. Y los que no se defienden, se pierden. Por eso, donde exista poder público, deben existir también ojos ciudadanos. Siempre.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
contacto@julietadelrio.org.mx
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