JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Un nuevo incidente en el Tren Interoceánico, ocurrido hace apenas un día, vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la falta de transparencia en estos proyectos denominados “emblemáticos”. La pregunta es inevitable: ¿cuántos incidentes más serán necesarios para reconocer que existen problemas que deben revisarse a fondo?
Más grave aún es que se minimice el asunto. Ayer, durante la conferencia matutina, la propia presidenta de la República afirmó que se trató de un “incidente” y no de un descarrilamiento.
Hace apenas unas semanas, pasajeros del Tren Maya permanecieron varados durante varias horas, viviendo momentos de incertidumbre. Ahora, nuevamente se registra un incidente en el Tren Interoceánico. La repetición de estos hechos no puede normalizarse ni minimizarse mediante un cambio de narrativa. La sociedad merece explicaciones técnicas, investigaciones independientes y, sobre todo, acciones preventivas.
Lo preocupante no es únicamente el incidente, sino la constante tendencia a restarle importancia. Intentar explicar lo ocurrido afirmando que “no fue un descarrilamiento, sino una desviación” no modifica los hechos ni responde a las preguntas fundamentales: ¿qué originó el incidente?, ¿existían riesgos detectados previamente?, ¿se cumplieron todos los estándares de seguridad?, ¿qué acciones se implementarán para evitar que vuelva a suceder?
Estas obras fueron presentadas como proyectos estratégicos para el desarrollo del país y, precisamente por ello, debieron estar acompañadas de los más altos estándares de planeación, supervisión y transparencia. Sin embargo, desde su origen han estado rodeadas de controversias por la constante reserva de información relacionada con estudios técnicos, manifestaciones de impacto ambiental, contratos, modificaciones presupuestales y procesos de contratación.
El derecho de acceso a la información no existe para satisfacer la curiosidad de la ciudadanía. Es una herramienta que permite verificar que las decisiones públicas se toman conforme a la ley, con criterios técnicos y con un uso adecuado de los recursos públicos. Cuando la información se reserva de manera excesiva o se niega injustificadamente, también se limita la posibilidad de detectar riesgos, corregir errores y exigir responsabilidades.
La transparencia salva vidas. Permite que especialistas, académicos, organizaciones civiles y la propia sociedad revisen los proyectos, identifiquen deficiencias y formulen observaciones antes de que las consecuencias sean irreparables. La opacidad, por el contrario, genera desconfianza y dificulta la rendición de cuentas.
Nadie discute que México necesita infraestructura moderna. Lo que sí debe debatirse es si esa infraestructura está siendo construida y operada bajo los principios de legalidad, eficiencia, seguridad y máxima publicidad que exige un Estado democrático. La calidad de las obras no es un aspecto secundario; es un requisito indispensable para garantizar la seguridad de quienes las utilizan.
No se trata de confrontar al gobierno ni de descalificar las obras por razones políticas. Se trata de exigir que la seguridad de las personas sea la prioridad absoluta. Si existen fallas que requieren una revisión integral, lo responsable es reconocerlas y corregirlas antes de que un incidente derive en consecuencias irreversibles.
Las obras públicas no pueden medirse únicamente por los kilómetros construidos o por las ceremonias de inauguración. Deben evaluarse por su seguridad, su calidad, su sostenibilidad y por la confianza que generan entre quienes las utilizan.
Ocultar información nunca fortalece un proyecto; por el contrario, debilita la confianza ciudadana. La verdad puede ser incómoda, pero siempre será menos costosa que las consecuencias de ignorarla.
La reflexión es clara: cuando la transparencia se queda fuera de las vías, también puede descarrilar la confianza pública.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
contacto@julietadelrio.org.mx
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