Ciudad de México.- La legisladora federal Noemí Luna Ayala exhortó a la Sader y Segalmex desde la Cámara de Diputados a acelerar la apertura de 52 centros de acopio y fijar precios justos, ante el crítico retraso de la recepción de la cosecha 2025 de frijol en Zacatecas, que ya se pospuso hasta diciembre por inventario viejo sin desalojar.
El reclamo de la vicecoordinadora general del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expone un grave fallo en la planificación logística y operativa de las dependencias federales encargadas de la seguridad alimentaria en México. El periodo de recepción del grano, crucial para los agricultores zacatecanos, fue inicialmente programado para el 15 de octubre, luego movido al 10 de noviembre, y finalmente pospuesto una vez más para los primeros días de diciembre, una fecha que los productores temen tampoco se cumpla estrictamente.
La solicitud a la federación, formalizada mediante un Punto de Acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, enfatiza la exigencia de implementar mecanismos de desalojo y disposición eficiente del inventario de frijol correspondiente al ciclo 2024. Luna calificó de absurdo que los centros federales de acopio permanezcan ocupados con la leguminosa del año anterior, impidiendo la entrada de la nueva cosecha y perjudicando directamente la economía de los productores de la región.
El desinterés gubernamental se agrava ante los pronósticos de la Secretaría del Campo de Zacatecas, que señalan que para el presente ciclo agrícola la producción de frijol alcanzará entre 350 mil y 400 mil toneladas, lo que representa un aumento de hasta 70% respecto al periodo anterior. Esta proyección subraya la urgencia de resolver el problema de acopio, ya que la incapacidad para recibir la cosecha 2025 podría derivar en una crisis de almacenamiento y comercialización sin precedentes.
Además de la apertura inmediata de los centros de recepción, la legisladora zacatecana instó a Segalmex a determinar precios de garantía adecuados. Dicha determinación, afirmó, debe establecerse con base en criterios objetivos como los costos de producción regionales, la rentabilidad mínima esperada para el agricultor y las condiciones de mercado prevalecientes.
Paralelamente, exige mecanismos transparentes que aseguren el pago oportuno y directo a los productores, eliminando intermediarios y burocracia que históricamente han mermado sus ganancias. La situación en Zacatecas expone una disfunción administrativa que pone en riesgo una de las cosechas más importantes del país y la subsistencia de miles de familias.
LNY | Redacción