JUAN DEL REAL SÁNCHEZ
El Instituto Nacional Electoral (INE) fue una de las grandes conquistas democráticas de México. Su credibilidad se construyó para garantizar elecciones libres, combatir los abusos del poder y asegurar que cada voto contara. Hoy, esa confianza enfrenta una prueba que no puede minimizarse.
La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones, obliga a exigir explicaciones y responsabilidades. Las denuncias deben investigarse con rigor, pero el daño institucional también exige transparencia y rendición de cuentas.
El problema no termina en una presidencia. La ciudadanía necesita saber si el INE mantiene la independencia, imparcialidad y firmeza que justificaron su existencia. Los principios democráticos no pueden convertirse en discursos vacíos mientras las decisiones y omisiones de las autoridades alimentan la desconfianza.
En el terreno electoral, las denuncias por actos anticipados de campaña en estados que renovarán gubernaturas, incluido Zacatecas, plantean una pregunta fundamental: ¿se aplican las mismas reglas a todos o existen actores políticos que pueden adelantarse sin consecuencias?
En Veracruz, las controversias por los resultados de Papantla y Poza Rica, donde Movimiento Ciudadano ganó en las urnas y denunció las resoluciones que confirmaron los triunfos de Morena, también mantienen vigente la exigencia de certeza y transparencia.
Cambiar a una persona no basta para recuperar la confianza; hay que recuperar la credibilidad de toda la institución.
La ciudadanía no puede permanecer como espectadora mientras se debilitan las instituciones que protegen su voto. Exigir cuentas, denunciar irregularidades y defender elecciones limpias no es una concesión a ningún partido: es un derecho y una responsabilidad democrática. México necesita consejeros con experiencia, capacidad, independencia y probidad, que hagan cumplir la ley sin privilegios ni presiones. El voto es de la ciudadanía, la democracia es de todos y ninguna autoridad tiene derecho a traicionar esa confianza.
Sobre la Firma
Jurista, académico y dirigente de Movimiento Ciudadano.
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