Firman medios, acuerdo contra la violencia
México.- Más de 700 medios de comunicación de todo el país firmaron un Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, que permita garantizar la libertad de expresión en un entorno de criminalidad y violencia que golpea al país.
En un acto realizado en el Museo de Antropología de la ciudad de México, directivos y representantes de los diversos medios de comunicación, desde televisoras, radiodifusoras, medios impresos y portales electrónicos de información, se comprometieron ceñirse a una estrategia que otorgue al trabajo periodístico mayor profundidad y limitar los efectos propagandísticos del crimen organizado.
«Quienes lo suscribimos nos planteamos los objetivos y asumimos los principios rectores de los criterios editoriales que este acuerdo comprende», explicó el periodista Carlos Loret de Mola quien junto con su colega Sergio Sarmiento condujeron la ceremonia de la firma de este compromiso.
El documento explica que México vive una situación sin precedentes por los niveles y las formas que ha adoptado la violencia que proviene de la delincuencia organizada, y que esta situación ha puesto a prueba la capacidad del Estado para combatir a los grupos que han hecho del terror su modo de operar.
Expone que el poder intimidatorio y corruptor criminal se ha constituido en una amenaza a las instituciones y prácticas que sustentan la vida democrática del país.
El texto explica que la delincuencia organizada, y el terror que ha logrado propagar, amenaza ya en algunos lugares del país las libertades fundamentales de la sociedad y que la posibilidad de expresarse, de reunirse o de transitar libremente está muy limitada en localidades importantes del país.
«Los medios no somos ajenos a esta situación. Según los organismos internacionales más importantes en la materia, México es uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo y la libertad de prensa por la presión de la delincuencia organizada», destaca el documento que fue leído en la ceremonia.
Agrega que el reto que hoy se enfrenta desde los medios es seguir informando a la sociedad en un contexto de alto riesgo. «Para lograrlo, necesitamos de una estrategia que permita a los informadores continuar con su trabajo y no dejar que el terror vaya cancelando plazas informativas. Hoy, la libertad de expresión está amenazada», dice el documento.
En el acto estuvieron presentes Juan Francisco Ealy Jr., director general de El Universal, y el director Editorial, Roberto Rock, quien firmó el acuerdo.
Objetivos: Proponer criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada con el propósito de propagar el terror entre la población no sirva para esos fines.
Establecer mecanismos que impidan que los medios se conviertan en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado.
Definir criterios para la protección de la identidad de las víctimas de la violencia generada por la delincuencia organizada.
Establecer mecanismos para la protección de los periodistas en situaciones de riesgo.
Promover el respeto a la legalidad, el combate a la impunidad y la participación ciudadana.
Sumar al más amplio número de medios al Acuerdo y, de manera especial, a aquellos que se encuentran en las zonas de mayor conflicto.
Crear mecanismos de seguimiento del Acuerdo que permitan conocer el grado de apego al mismo.
Principios rectores: El respeto a las libertades de expresión y de prensa; independencia editorial de cada medio de comunicación; obligación de los medios para informar con profesionalismo; responsabilidad social de los medios sobre lo que informan.
Criterios editoriales: Tomar postura en contra; no convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada; dimensionar adecuadamente la información; atribuir responsabilidades explícitamente; no prejuzgar culpables; cuidar a las víctimas y a los menores de edad; alentar la participación y la denuncia ciudadana; proteger a los periodistas; solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios; no interferir en el combate a la delincuencia.
