CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Por más lineamientos, circulares y buenas intenciones que se publiquen en el Periódico Oficial, la justicia en Zacatecas no se endereza con dietas de austeridad.
El nuevo reglamento del Poder Judicial prohíbe automóviles de lujo, remodelaciones estéticas y hasta los dulces en las oficinas. Está bien: que no haya despilfarro. Pero el problema no es el chocolate en el cajón del escritorio, sino la podredumbre en la raíz.
Porque lo que el Poder Judicial necesita no es dejar la comida chatarra, sino el sometimiento. Jueces sin independencia, magistrados nombrados por consigna y “elegidos” en un mañoso proceso electoral, consejeros que actúan como notarios del Ejecutivo. Un Poder sin poder. Esa es la verdadera tragedia.
El documento que ahora se celebra como muestra de “racionalidad y honradez” llega tarde y mal. Llega en un momento en que el Poder Judicial está de rodillas: ninguneado por el Legislativo, sometido al Ejecutivo y olvidado por la sociedad. En teoría, se trata del poder que debe servir de contrapeso, el que da equilibrio al Estado. En la práctica, se ha convertido en oficina satélite del despacho de gobierno.
Los nuevos lineamientos, firmados por Norma Esparza Castro, Martha Elena Berúmen Navarro y Miguel Eliobardo Romero Badillo, presumen combatir la “avaricia y el despilfarro”. Pero nadie combate la obediencia ciega, ni la sumisión institucional. ¿De qué sirve prohibir un viaje de placer si se permiten los favores políticos? ¿De qué vale no comprar autos de lujo si se siguen otorgando nombramientos por lealtad y no por mérito?
La austeridad sin autonomía es pura simulación. Un maquillaje administrativo para un cuerpo enfermo de cobardía.
El Poder Judicial zacatecano carga ya con una herida profunda: la controversia constitucional ante la Suprema Corte por la integración del Órgano de Administración Judicial, impugnada por diputados de oposición. Lo que debió ser una decisión técnica terminó en pleito político, otra muestra de que en Zacatecas la justicia se dicta desde fuera de los tribunales.
Los jueces lo saben, aunque callen. Saben que cualquier fallo que incomode al poder se paga caro. Que el ascenso no depende de la toga, sino de la venia del despacho gubernamental. Que la independencia se ha vuelto un lujo que no pueden costear, ni con todas las UMA del presupuesto.
Mientras tanto, el ciudadano sigue sin justicia. Los procesos se alargan, los casos se empolvan, las sentencias se redactan con la prudencia del miedo. Nadie responde. Y cuando un tribunal se atreve a emitir una resolución incómoda, el Ejecutivo lo reprende y el Legislativo lo desautoriza.
En ese contexto, hablar de austeridad suena a burla. El verdadero despilfarro no está en los refrescos o las remodelaciones, sino en el derroche de dignidad.
Los jueces no pueden ser eco del poder político ni instrumentos de conveniencia. Su función es incomodar, contradecir, poner límites. Pero hoy, en Zacatecas, el Poder Judicial ha perdido el filo. Lo que antes era balanza, ahora es ornamento.
Quizá por eso la ciudadanía ha dejado de creer en sus tribunales. Porque la justicia, cuando se administra desde el miedo o la obediencia, deja de ser justicia y se convierte en trámite.
Sófocles decía que el poder revela el alma de los hombres. En Zacatecas, el poder reveló que la toga ya no protege la ley, sino al gobernante.
Y mientras los consejeros se enorgullecen de haber prohibido los chocolates, el pueblo sigue esperando algo más que reglamentos: espera jueces con la fuerza de decir “no”.
Porque el problema del Poder Judicial no es el azúcar en exceso, sino el servilismo crónico.
Y esa enfermedad, por desgracia, no se cura con lineamientos.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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