Zacatecas, Zac.- La diputada federal Fuensanta Guerrero, del PRI, presentó en la Cámara de Diputados un exhorto a autoridades federales y estatales para crear un mecanismo nacional que prevenga y detecte el ingreso de armas blancas y de fuego a escuelas públicas y particulares, ante los episodios de violencia en planteles del país.
La secretaria de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura advirtió que la seguridad escolar no puede depender de criterios distintos en cada entidad o plantel. Planteó la necesidad de protocolos homogéneos, con sustento legal y respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
El exhorto contempla cinco acciones. Las tres primeras son establecer el mecanismo nacional, emitir lineamientos y un protocolo de actuación que incluya capacitación del personal educativo, rutas de atención y un registro nacional de incidentes, e implementar campañas permanentes dirigidas a familias y alumnado. La cuarta pide a las 32 entidades federativas armonizar sus protocolos locales con los lineamientos nacionales y destinar los recursos necesarios para aplicarlos. La quinta solicita a la Secretaría de Educación Pública (SEP) un informe a la Cámara sobre las medidas adoptadas, el calendario de implementación y los recursos asignados.
El llamado se dirige a la SEP, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y las autoridades educativas y de seguridad de los estados.
Entre las medidas destacan los criterios de control de acceso y detección no invasiva, y la revisión de pertenencias solo mediante esquemas consensuados con madres y padres de familia. También se plantean rutas de atención que privilegien la protección del alumnado sin criminalizarlo. Las campañas informarían sobre los riesgos de poseer y portar armas, promoverían su resguardo seguro, fomentarían la supervisión corresponsable de las pertenencias escolares y difundirían canales confidenciales de denuncia y vías pacíficas de resolución de conflictos.
Guerrero subrayó que proteger a las comunidades escolares no debe contraponerse a los derechos de la niñez, por lo que el mecanismo tendría que garantizar la intimidad, la participación de las familias y el interés superior de niñas, niños y adolescentes. La legisladora por Zacatecas busca así una respuesta institucional coordinada para que docentes y estudiantes trabajen sin temor a la violencia.
LNY | Redacción

