Zacatecas, Zac.- La senadora Geovanna Bañuelos, del PT, presentó una iniciativa para que derechohabientes de Infonavit y Fovissste puedan pedir hasta 12 meses de prórroga en sus pagos cuando deban abandonar su vivienda por despojo, desplazamiento forzado o violencia, sin que se generen intereses ordinarios ni moratorios.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT propone reformar el artículo 41 de la Ley del Infonavit y adicionar un artículo 183 Bis a la Ley del Issste. Con ello, los trabajadores con crédito hipotecario del Infonavit o del Fovissste podrían suspender temporalmente sus pagos cuando la inseguridad les impida habitar su casa.
Según el texto, la prórroga correría desde la fecha del abandono o de la imposibilidad material de habitar el inmueble, siempre que conste en un documento de autoridad competente. Duraría 12 meses y podría renovarse una sola vez por otros 12. En ese lapso, las amortizaciones no se considerarían vencidas. La legisladora precisó que la medida aplicaría cuando exista una denuncia, una carpeta de investigación, una orden o medida de protección, o una constancia oficial que reconozca el desplazamiento.
La senadora por Zacatecas explicó que las leyes vigentes prevén prórrogas por pérdida de ingresos o separación del servicio, pero no reconocen de forma expresa el abandono de la vivienda por violencia. “Esta omisión genera una zona de desprotección patrimonial”, afirmó, y advirtió que las personas pueden seguir pagando una casa que ya no habitan, además de enfrentar costos económicos, familiares y emocionales.
La iniciativa cita cifras para dimensionar el problema. Durante el primer semestre de 2026 se registraron más de 15 mil víctimas de despojo en el país. El Censo 2020 contabilizó más de 262 mil personas que cambiaron de residencia entre 2015 y 2020 por inseguridad o violencia. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 del Inegi estimó que más de 248 mil hogares abandonaron su vivienda en 2024 para protegerse de la delincuencia.
La propuesta incorpora además una perspectiva de género para casos de violencia física, psicológica, familiar o de género que pongan en riesgo a la persona acreditada. Bañuelos sostuvo que la prórroga armoniza la función de ambos institutos con el derecho humano a la vivienda adecuada y con la seguridad en la tenencia. Su objetivo es evitar que las víctimas pierdan su principal patrimonio por intereses moratorios, deterioro patrimonial o la inclusión de sus créditos en cartera vencida.
LNY | Redacción

