CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En Zacatecas, la lucha contra la corrupción se ha convertido en una obra de teatro mal montada, donde los papeles protagónicos no los ocupan los hombres íntegros, sino los oportunistas que administran a su antojo el discurso de la legalidad. Villa de Cos es un ejemplo atípico: ahí, la acción coordinada entre la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción logró —tras años de inercia— una vinculación a proceso por desvío de recursos. No es justicia plena, pero es un movimiento real en un escenario donde el resto permanece inmóvil.
Mientras tanto, Ernesto González Romo, aún al frente de la Secretaría de la Función Pública, juega a ser fiscal, juez y testigo. Desde la comodidad de una cámara y no desde la tribuna institucional, mostró su última “exclusiva”: un presunto enriquecimiento ilícito en el sexenio de Miguel Alonso Reyes, ese viejo enemigo útil a quien puede culpar sin riesgo.
Y, sin embargo, lo que presenta no es novedad. Ni la denuncia es reciente, ni los datos son revelación. La propia carpeta de investigación —según sus palabras— lleva más de tres mil días acumulando polvo. Pero sólo ahora, cuando su cargo pende de un hilo y su utilidad política se agota, decide desempolvarla. Y lo hace con pirotecnia mediática, como si eso bastara para lavar sus propias omisiones.
Los números del caso Alonso Reyes, puestos bajo el lente, son tan reveladores como desproporcionados al escándalo que intenta fabricar. En 2010, al asumir la gubernatura, Miguel reportó un patrimonio cercano a los 4.2 millones de pesos. Para 2016, su fortuna ya ascendía a 21.4 millones. Todo esto con ingresos que nunca rebasaron los 1.5 millones anuales.
La diferencia patrimonial no justificada, según González Romo, ronda los 17 millones. Una cifra considerable, sí, pero que palidece frente a los escándalos más recientes. Y, sobre todo, frente a la inacción absoluta ante ellos. Porque mientras habla de un gobernador que ya no gobierna, guarda silencio —ese sí, cómplice— ante las tramas de corrupción que involucran a funcionarios y diputados del régimen actual. De la maravillosa nueva gobernanza de la que él forma parte.
Ahí está, por ejemplo, la Estafa Legislativa que él mismo denunció hace años, cuando aún tenía memoria selectiva más corta. En ese expediente olvidado figuraban rostros hoy cobijados por la nueva gobernanza: legisladores de Morena, funcionarios del actual gabinete, operadores disfrazados de asesores. ¿Por qué ese expediente quedó enterrado? ¿Quién lo mandó a callar?
A diferencia del caso Alonso, ahí no había que revisar archivos viejos ni acudir a la nostalgia del priismo decadente. Bastaba con voltear hacia el Congreso, con seguir la ruta del dinero disfrazado de estímulos, con leer las nóminas fantasmas, aún activas, aun respirando dentro del presupuesto.
González Romo, al final, no combate la corrupción: la administra. Decide cuándo es útil exhibirla y cuándo es necesario callarla. La denuncia contra el exgobernador no busca justicia, sino distracción. Mientras la Auditoría Superior del Estado, con Raúl Brito Berumen a la cabeza, trabaja, él especula. Mientras la fiscalía, con todo y sus límites, avanza en casos actuales, él escarba entre ruinas.
Zacatecas no necesita justicieros de redes sociales ni escenografías mediáticas. Necesita instituciones que no se doblen ante los tiempos políticos, que denuncien con el mismo rigor al pasado y al presente. Porque la impunidad no tiene partido ni color: sólo necesita silencio para perpetuarse. Y discursos para simular que se le combate.
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