RAFAEL CANDELAS SALINAS
En días recientes, Morena y sus aliados aprobaron una reforma que abre la puerta para anular elecciones con el pretexto de una probable intervención extranjera en los procesos electorales mexicanos.
A primera vista, el planteamiento parece razonable, ningún país serio puede permitir que gobiernos extranjeros decidan quién gobierna dentro de sus fronteras, la defensa de la soberanía nacional es una obligación de cualquier Estado.
El problema aparece cuando uno revisa con detenimiento las prioridades, los alcances y las inconsistencias que rodean esta reforma.
Porque es inevitable preguntarnos:
¿Estamos intentando resolver el principal riesgo que enfrentan nuestras elecciones o estamos legislando sobre escenarios hipotéticos mientras ignoramos problemas reales y documentados?
Durante años hemos visto cómo fundaciones, organismos internacionales, consultores extranjeros y organizaciones políticas de distintos países han participado en la formación, capacitación y asesoría de partidos y políticos mexicanos.
Entonces, obligadamente tenemos que preguntar si ¿Todo eso será considerado intervención extranjera? ¿Una capacitación financiada por una fundación extranjera podría convertirse en causal de nulidad? ¿Una asesoría estratégica de un consultor extranjero podría poner en riesgo una elección? ¿Una declaración pública de un funcionario extranjero podría ser utilizada para impugnar un resultado electoral?
Si la respuesta es sí, entonces estaríamos obligados, por simple congruencia, a reflexionar sobre una realidad que ha acompañado a la política mexicana durante décadas: la participación de fundaciones, consultores, organismos y actores extranjeros vinculados a proyectos políticos de prácticamente todas las corrientes ideológicas. No para reabrir expedientes ni para juzgar el pasado con reglas nuevas, sino para evitar que la ley termine distinguiendo entre intervenciones permitidas e intervenciones prohibidas según la simpatía política del momento.
Y si la respuesta es no, entonces estamos frente a una legislación cuya aplicación dependerá de interpretaciones políticas y no de criterios objetivos; una gran contradicción como la exhibida apenas unas horas después de aprobada la reforma durante el mitin del domingo, en que la presidenta Claudia Sheinbaum pronunció un enérgico discurso contra la intervención extranjera en la vida pública de México y en las elecciones del próximo año, aunque unas horas después matizó sus declaraciones, aclarando que sus críticas no estaban dirigidas al presidente Trump sino a sectores de la llamada derecha internacional.
La precisión no es menor, porque si la preocupación es realmente la intervención extranjera, ésta debería preocupar independientemente de quién la ejerza o de la afinidad ideológica que exista con quien la realiza.
Más aún cuando el propio gobierno mexicano ha expresado posiciones políticas respecto de distintos procesos en Argentina, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador; ha otorgado asilo político a personajes perseguidos o procesados en sus países de origen y ha participado en foros internacionales con una clara orientación ideológica.
Se puede estar de acuerdo o no con esas decisiones, lo que resulta difícil de sostener es que la intervención extranjera sea condenable cuando proviene de quienes piensan distinto, pero aceptable cuando beneficia a quienes comparten una misma visión política.
La soberanía no puede ser un principio de aplicación selectiva, o se respeta siempre, o termina convirtiéndose en un argumento político utilizado según la conveniencia del momento, porque, al final, pareciera que algunos ven con enorme claridad la paja en el ojo ajeno, mientras ignoran por completo la viga en el propio.
Pero existe una inconsistencia mucho más grave, pues mientras se habla de la posibilidad de una intervención extranjera, existe una intervención perfectamente documentada que sí ha contaminado procesos electorales en diversas regiones del país: la intervención del crimen organizado.
Esa no es una hipótesis, no es una especulación, no es un escenario imaginario, es una realidad.
Los mexicanos hemos visto candidatos asesinados, aspirantes amenazados, campañas condicionadas, municipios enteros sometidos por grupos criminales y regiones donde los ciudadanos votan con miedo.
La propia autoridad electoral, medios de comunicación y organizaciones de observación han documentado durante años la presencia del crimen organizado en procesos electorales.
Y el problema no es solo que influyan en el voto, sino que decidan quién puede competir, quién debe retirarse, quién recibe financiamiento y quién gobierna después de ganar.
Eso sí constituye una auténtica amenaza para la democracia y la soberanía nacional, porque cuando un ciudadano acude a votar o se le impide vota bajo la sombra del miedo, la libertad electoral desaparece, y cuando un candidato llega al cargo respaldado por esos intereses, la soberanía popular deja de existir.
Tan grave y real es este fenómeno que ya no se limita a rumores o sospechas, sino a investigaciones internacionales, procesos judiciales abiertos e incluso solicitudes de captura y extradición contra funcionarios y exfuncionarios presuntamente vinculados con dichas organizaciones.
Por ello resulta difícil entender por qué el Congreso dedica tanto tiempo a construir mecanismos para combatir riesgos eventuales provenientes del extranjero mientras hace oídos sordos para blindar las elecciones frente a los grupos criminales.
¿Por qué preocupa más una posible declaración de un gobierno extranjero que las amenazas de un grupo criminal a los candidatos? ¿Por qué se discuten causales de nulidad por influencias externas mientras miles de mexicanos viven en regiones donde el crimen organizado tiene una influencia real y cotidiana? ¿Por qué legislar sobre lo improbable mientras se ignora lo evidente?
La democracia mexicana enfrenta muchos desafíos, la intervención extranjera puede ser uno de ellos, pero el principal enemigo de nuestras elecciones no parece estar en Washington, Madrid, Berlín, Moscú o La Habana, sino dentro de nuestras propias fronteras, en los territorios donde la ley dejó de mandar, en las regiones donde el miedo sustituyó a la libertad, en la capacidad de los grupos criminales para influir en decisiones que deberían pertenecer exclusivamente a los ciudadanos.
Si realmente queremos defender la soberanía nacional, empecemos por garantizar que los mexicanos puedan elegir libremente a sus gobernantes.
Por eso, antes de construir nuevas causales de nulidad electoral, sería deseable construir algo mucho más importante: elecciones verdaderamente libres, donde ningún gobierno extranjero influya, pero donde tampoco ningún grupo criminal decida quién puede competir, quién puede ganar y quién puede gobernar.
Porque blindar la democracia no consiste en perseguir fantasmas, sino en enfrentar las amenazas reales. Y hoy, la más peligrosa de ellas no viene del extranjero.
Nos leemos el próximo miércoles con más del Dedo en la Llaga.
Sobre la Fima
Jurista, exlegislador y columnista sin concesiones.
rafaelcandelas77@hotmail.com
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