CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Mientras en las bodegas el grano empieza a pudrirse lentamente bajo láminas calientes y polvo de mayo, en las oficinas del gobierno de Zacatecas alguien asegura que el convenio firmado con los productores “no fue localizado”.
Así, con la frialdad burocrática de quien extravía una copia simple y no el sustento de cientos de familias.
El documento existe. Tiene fecha. Tiene firmas. Tiene notario. Pero para el poder, lo que no aparece en el archivo puede desaparecer también de la realidad. Viejo truco de Estado pobre: cuando no alcanza el dinero, se esfuma la memoria.
El conflicto del frijol dejó de ser agrícola hace días. Ahora es un problema político, jurídico y moral para el gobierno del todavía inquilino de La Casa de los Perros.
El 29 de marzo, productores y autoridades pactaron el acopio de mil 500 toneladas a 27 pesos por kilogramo. El acuerdo quedó certificado ante el notario Jaime Casas Madero. No fue un saludo de pasillo ni una promesa de campaña dicha entre aplausos y banda sinaloense. Fue un convenio formal. Un acto jurídico. Una obligación del Estado.
Sin embargo, semanas después, la Coordinación General Jurídica encabezada por Armando Ávalos Arellano respondió oficialmente que, tras revisar archivos, el documento no aparece. La frase parece salida de una novela latinoamericana sobre ministerios húmedos y funcionarios agotados: “no fue localizado”.
Pero el campo no vive de metáforas.
El abogado de los productores, Jorge Rada Luévano, respondió con una certificación notarial que acredita la existencia del convenio. Es decir: los campesinos tienen el papel que el gobierno dice no encontrar. Dos verdades enfrentadas. De un lado, la tinta notarial. Del otro, el laberinto administrativo. En medio, miles de toneladas de frijol esperando comprador mientras el reloj pudre cosechas y paciencia.
La tragedia del campesino mexicano siempre empieza igual: produce barato, vende tarde y cobra nunca.
Zacatecas conoce bien esa historia. El estado presume ser uno de los mayores productores de frijol del país, pero sus agricultores siguen atrapados en la misma ecuación de hace décadas: intermediarios voraces, programas opacos y gobiernos que administran la pobreza como si fuera política pública. El frijol alimenta al país, pero no logra alimentar con dignidad a quien lo siembra.
Ahora el conflicto escala porque los productores acusan que el gobierno intenta modificar unilateralmente las reglas del juego. Donde antes se prometieron 27 pesos por kilo, hoy aparecen ofertas de 16. Once pesos menos. Once pesos que para un escritorio quizá son una cifra técnica; para una familia campesina representan fertilizante, diésel, comida o deudas.
La ley tiene un nombre preciso para eso: regresión.
Los abogados hablan de violaciones a derechos humanos, progresividad social y prohibición de retroactividad en perjuicio de los ciudadanos. El lenguaje jurídico suele sonar lejano, pero aquí significa algo simple: el gobierno no puede cambiar las condiciones después de haber comprometido la palabra institucional. Mucho menos cuando la otra parte ya sembró, cosechó y esperó bajo esas reglas.
Por eso la protesta dejó los surcos y llegó a la calle.
Desde hace casi dos semanas, productores mantienen tomadas instalaciones de la Legislatura y de la Secretaría del Campo. Entre ellos caminan hombres curtidos por el sol, mujeres que administran parcelas familiares y jóvenes que aprendieron demasiado pronto que en el campo mexicano la incertidumbre también se hereda.
Han advertido que podrían bloquear vías ferroviarias e incluso tomar el Aeropuerto Internacional de Zacatecas si no hay solución inmediata.
La tensión ya mostró su rostro más áspero el pasado 9 de mayo, cuando manifestantes denunciaron represión policial durante las movilizaciones del Día de las Madres. Hay quejas ante la Fiscalía. Hay acusaciones de detenciones ilegales. Hay miedo. Y el miedo en el campo pesa distinto: no es abstracto. Tiene apellido, parcela y deudas vencidas.
Muchos productores hablan en voz baja cuando mencionan a Alimentación para el Bienestar. Temen represalias. Temen quedar fuera. En México, el subsidio suele convertirse en mecanismo de control político. El campesino depende del programa; el programa depende del humor del gobierno.
Mientras tanto, en el Senado, Geovanna Bañuelos de la Torre anunció una iniciativa para regular centros de acopio y garantizar precios justos. La propuesta intenta poner reglas donde durante años dominaron discrecionalidad y coyotaje institucional. Pero las leyes federales caminan lento. El frijol se descompone rápido.
El litigio ya se mueve hacia juzgados federales. Los productores buscan obligar al Estado a cumplir el acuerdo y levantar de inmediato el grano almacenado. Lo que está en disputa ya no son solamente toneladas de cosecha. Es algo más delicado: la credibilidad de la palabra pública.
Porque cuando un gobierno firma y luego niega haber firmado, el problema deja de ser administrativo. Se convierte en una forma de intemperie.
Y no hay cosecha que sobreviva a un Estado que borra sus propias huellas.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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