Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas ha negado la existencia de un convenio notaridado para adquirir mil 500 toneladas de frijol, agravando un conflicto social de doce días. El abogado Jorge Rada denunció la desaparición del documento en archivos oficiales, mientras los productores amenazan con bloquear el aeropuerto y vías férreas ante el incumplimiento del precio pactado de 27 pesos.
La crisis institucional en Zacatecas ha alcanzado un punto crítico tras la respuesta formal de la Coordinación General Jurídica del estado, que asegura no localizar el acuerdo firmado el pasado 29 de marzo. El documento, cuya validez fue certificada ante el notario Jaime Casas Madero, establecía las condiciones para el acopio del grano y el pago de un precio de garantía superior al mercado actual.
El coordinador jurídico, Armando Ávalos Arellano, manifestó mediante el oficio CGJ/DAC/2101/2021 la imposibilidad de dar seguimiento a las peticiones de los agricultores debido a la ausencia física del convenio en sus archivos. Esta postura ha sido calificada por la defensa legal como una irregularidad administrativa grave, al sugerir una negligencia en la custodia de documentos públicos o una evasión deliberada de responsabilidades institucionales.
El núcleo del litigio, que ahora se traslada a los juzgados de distrito, se fundamenta en la presunta violación del principio de progresividad de los derechos sociales. Según el representante legal de los afectados, la administración estatal ha pretendido modificar unilateralmente las reglas de operación de los programas de acopio, reduciendo el precio prometido de 27 a 16 pesos por kilogramo.
Jurídicamente, se argumenta que esta acción constituye una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del ciudadano, vulnerando garantías constitucionales básicas. La defensa ha comenzado a interponer solicitudes personalizadas en los centros de acopio para documentar técnicamente la variedad, tonelaje y fecha de cosecha del frijol, buscando prevenir daños y perjuicios por el carácter perecedero del producto.
En el ámbito social, la tensión se ha materializado en la toma prolongada de la Legislatura local y la Secretaría del Campo por agricultores de siete municipios. Los líderes del movimiento, entre ellos Rubén Hernández Muñiz y Federico Nájar Castillo, denuncian que solo una mínima fracción de los productores ha logrado entregar su cosecha sin haber recibido aún el pago correspondiente. El clima de desconfianza se ha visto acentuado por la represión policial ocurrida el 9 de mayo durante las festividades del Día de las Madres y el temor de los campesinos a represalias por parte del organismo Alimentación para el Bienestar. Ante la falta de interlocución efectiva, los manifestantes han advertido que radicalizarán sus acciones esta semana mediante bloqueos en el Aeropuerto Internacional de Calera y las vías ferroviarias.
La repercusión política del conflicto ha llegado al Senado de la República, donde la legisladora Geovanna Bañuelos de la Torre anunció una iniciativa para regular la operación de los centros de acopio. La propuesta busca combatir la corrupción y reducir las asimetrías en la comercialización de granos básicos, estableciendo reglas claras que eviten situaciones de opacidad como la actual. Mientras tanto, la estrategia jurídica de los productores busca que el Estado asuma su responsabilidad patrimonial frente a lo que consideran una gestión fraudulenta de los programas oficiales de apoyo al campo
LNY | Redacción