Zacatecas, Zac.- El conflicto por el precio del frijol en Zacatecas entró en una nueva etapa luego de que el Gobierno federal defendiera la legalidad y vigencia de las reglas de operación del Programa de Acopio para el Bienestar, frente a las exigencias de productores que buscan extender el esquema extraordinario de 27 mil pesos por tonelada aplicado en marzo a nuevas recepciones de grano.
El eje de la disputa ya no se concentra únicamente en el precio, sino en la interpretación de un acuerdo firmado el 29 de marzo de 2026 entre autoridades estatales y representantes campesinos. Ese convenio permitió desactivar protestas y desbloquear instalaciones públicas tras dos semanas de movilizaciones en Zacatecas. A cambio, el Gobierno del Estado se comprometió a gestionar ante la federación un mecanismo extraordinario de acopio para productores que no habían logrado comercializar su cosecha del ciclo primavera-verano 2025.
El acuerdo derivó en una operación específica y delimitada. El registro y la revisión documental para el acopio extraordinario iniciaron el 30 de marzo de 2026 en las instalaciones de Alimentación para el Bienestar en la capital del estado. Según registros oficiales, ese acompañamiento institucional permitió que 441 productores concretaran el acopio de más de mil 950 toneladas bajo el esquema previo que garantizaba los 27 mil pesos por tonelada.
Para las autoridades federales, ese antecedente demuestra que el convenio sí produjo resultados concretos y que los compromisos adquiridos fueron cumplidos dentro de los términos establecidos. La interpretación oficial sostiene que el esquema extraordinario correspondió a un periodo específico, previo a la entrada en vigor de nuevas disposiciones presupuestales y operativas publicadas el 1 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.
El cambio regulatorio modificó las condiciones del programa. A partir de las nuevas reglas, Alimentación para el Bienestar fijó en 16 mil pesos por tonelada el precio para nuevas recepciones de frijol. La administración federal argumenta que el ajuste responde a criterios de suficiencia presupuestal y normatividad vigente, por lo que no existe margen legal para generalizar el esquema anterior a toda la producción pendiente de comercialización.
La postura federal busca marcar una diferencia entre un mecanismo excepcional y las reglas permanentes del programa. En ese sentido, funcionarios y legisladores cercanos a las negociaciones sostienen que los productores movilizados intentan ampliar las condiciones de un acuerdo extraordinario hacia un esquema universal que no fue contemplado originalmente en el convenio firmado en marzo.
El Gobierno de México sostiene además que Zacatecas concentra actualmente la mayor participación nacional dentro del Programa de Acopio para el Bienestar. Datos oficiales indican que más de 12 mil pequeños productores han sido atendidos en la entidad mediante un volumen cercano a las 98 mil toneladas de frijol y una inversión superior a los 2 mil 640 millones de pesos. Con la ampliación anunciada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el volumen total proyectado alcanzaría las 106 mil toneladas, aunque bajo el nuevo precio de garantía.
Las tensiones crecieron en las últimas 48 horas después de que grupos de productores consideraran insuficiente la respuesta institucional y trasladaran las protestas al Congreso del Estado y al Centro Histórico de Zacatecas. Encabezados por Rubén Hernández Muñiz, los manifestantes mantienen bloqueos y advierten con radicalizar las acciones mediante la toma del aeropuerto internacional, vías ferroviarias y carreteras federales.
El conflicto exhibe también las limitaciones financieras del Gobierno estatal. Funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y legisladores locales han señalado que no existen condiciones presupuestales para sostener el subsidio adicional que permitió alcanzar el precio de 27 pesos por kilogramo en marzo. La explicación oficial sostiene que cualquier nuevo esquema tendría que sujetarse a las reglas federales vigentes y a la disponibilidad real de recursos públicos.
El convenio original contempló mecanismos institucionales de supervisión y cumplimiento. El documento fue validado por el Notario Público Número 42, Jaime Arturo Casas Madero, y estableció un Comité de Supervisión y Seguimiento integrado por representantes gubernamentales y productores. Entre sus objetivos figuraban garantizar la entrega de costaleras, supervisar los procesos de recepción y asegurar pagos en un plazo no mayor a diez días hábiles tras la entrega del grano.
La discusión de fondo refleja una tensión recurrente en la política agroalimentaria mexicana: la distancia entre acuerdos coyunturales construidos bajo presión social y la capacidad institucional para convertirlos en políticas sostenibles. Mientras los productores interpretan el esquema extraordinario como un precedente que debe extenderse al resto de la cosecha, la federación insiste en que las reglas publicadas el 1 de mayo son obligatorias y delimitan el alcance real del programa.
Al cierre de esta jornada, las negociaciones continúan sin avances públicos. Los productores mantienen la exigencia de revisar el precio de garantía y las autoridades sostienen que cualquier solución deberá construirse dentro del marco presupuestal y normativo vigente. El acuerdo que en marzo permitió desactivar el conflicto hoy se ha convertido en el principal punto de disputa sobre lo que fue prometido y lo que legalmente puede cumplirse.
LNY | Redacción