Ciudad de México.- La falta de congruencia entre el discurso de modernización tecnológica y la práctica política en México ha generado una alerta institucional sobre los riesgos de las nuevas regulaciones digitales. Julieta del Río Venegas, especialista en transparencia, advirtió que la actual propuesta de Ley General de Inteligencia Artificial y otras iniciativas de recopilación de datos carecen de precisión técnica, lo que permite una interpretación discrecional que podría derivar en mecanismos de control social y censura.
El análisis de Del Río destaca una contradicción fundamental en el actuar del Estado. Mientras desde la tribuna legislativa se promueven normas para la “anonimización” de datos con el fin de fomentar la innovación, los mismos actores políticos han establecido reformas que amplían la captura de información sensible. Ejemplos críticos son la integración de datos biométricos en la CURP y el registro obligatorio de líneas celulares, plataformas que ya han enfrentado denuncias por errores de seguridad y robo de identidad.
La especialista señala que la “anonimización” no es una garantía absoluta de privacidad. La evidencia técnica demuestra que el cruce de bases de datos permite reidentificar a los individuos si no existen auditorías independientes y estándares de seguridad estrictos. En este sentido, términos ambiguos incluidos en las propuestas legales como “desinformación digital” o “violencia digital” abren la puerta a decisiones arbitrarias que podrían restringir la libertad de expresión bajo el pretexto de la regulación.
El problema central no radica en la ausencia de marcos jurídicos, sino en la ineficacia de su aplicación y la debilidad de las instituciones encargadas de vigilarlos. México ya cuenta con la Ley General de Protección de Datos Personales, pero el incumplimiento sistémico y la operación de actores políticos al margen de la normativa —como el uso de bases de datos para mensajería masiva— erosionan la confianza pública. Sin voluntad política para aplicar sanciones reales y abrir el debate a esquemas de parlamento abierto con expertos, las nuevas leyes corren el riesgo de nacer como letra muerta o como instrumentos de vigilancia.
LNY | Redacción