ADRIANA GONZÁLEZ VEYNA
En México se habla mucho del campo. Se le nombra en discursos, se le promete en campañas y se le presume en cifras. Pero hay un lugar donde el campo no es discurso, sino fila, espera y frustración: la ventanilla.
Ahí llegan los ejidatarios. No como estadísticas, sino como personas que dejan su trabajo, gastan lo que no tienen y recorren kilómetros para cumplir con un trámite que debería garantizarles algo básico: certeza sobre su propia tierra.
La realidad, sin embargo, es otra.
En oficinas como las del Registro Agrario Nacional en Zacatecas, lo que tendría que ser un proceso administrativo se convierte en un laberinto. No hay respuestas claras, los requisitos cambian, los documentos “faltan” de último momento y las soluciones no llegan. Lo que sí llega es el desgaste.
No se trata de un caso aislado. Es una forma de operar.
Cuando las instituciones dejan de servir y empiezan a obstaculizar, el problema deja de ser simple ineficiencia y se convierte en una forma de violencia institucional. Porque no se trata solo de papeles, sino de derechos: el derecho a la propiedad, a la seguridad jurídica y a no ser ignorado por la autoridad.
Resulta paradójico que quienes trabajan la tierra tengan que enfrentar también al sistema. Que conozcan sus derechos mejor que quienes están obligados a garantizarlos. Que tengan que recurrir a procesos legales para obtener documentos que el propio Estado reconoce.
El problema no es solo la lentitud. Es la indiferencia. Es la normalización del “vuelva mañana” y la facilidad con la que se traslada la carga al ciudadano. En el fondo, el mensaje es claro: el tiempo del campesino vale menos.
Y eso tiene consecuencias. Cada trámite detenido abre la puerta a conflictos, abusos y despojos. Cada respuesta ambigua debilita la confianza. Cada omisión deja a alguien en vulnerabilidad.
Escribo desde mi experiencia personal, porque no se trata de una situación individual: somos muchas y muchos quienes atravesamos realidades similares. El problema es que no todas las personas conocen los recursos legales o administrativos disponibles, lo que genera una desventaja y coloca al campesinado en una posición de vulnerabilidad frente a las instituciones.
El campo no necesita más discursos. Necesita instituciones que informen con claridad, resuelvan en tiempo y respeten a quien tienen enfrente.
Porque detrás de cada expediente hay una historia de trabajo, de herencia y de identidad. Ignorar eso no es solo una falla administrativa: es una forma de desprecio.
México no puede presumir su campo mientras lo hace esperar en una ventanilla. Porque cuando el desgaste se vuelve regla, lo que realmente está fallando no es el trámite.
Es el Estado.
Sobre la Firma
Periodista y abogada.
adrianagonzalezveyna@gmail.com
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