CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
A las 19:00 horas del martes, el humo ya cubría la salida norte de Zacatecas. Minutos antes, en el patio de maniobras de las bodegas de Alimentación para el Bienestar, alguien prendió fuego con gasolina y neumáticos. Horas después, 16 almacenes estaban parcialmente consumidos. No hubo muertos. El daño, sin embargo, ya no es sólo material.
El complejo incendiado no era menor. Desde enero de 2020 operaba como sede de Seguridad Alimentaria Mexicana, levantado sobre antiguos almacenes rehabilitados con una inversión de 12 millones de pesos en el corazón del principal estado productor de frijol del país.
Allí se concentraban granos, fertilizantes y vehículos. Allí también se concentraban las promesas del Estado: comprar, almacenar, regular precios. Promesas que, como el humo, se disipan cuando el fuego alcanza el techo.
La secuencia importa. A las 16:00 horas comenzó una manifestación de productores provenientes de Fresnillo, Trancoso, Guadalupe, Vetagrande y Pánuco. A las 19:00, el incendio era ya incontrolable. Entre un momento y otro se rompió algo más que un portón: se fracturó la línea que separa la protesta de la destrucción. El dato no es menor porque define responsabilidades, pero tampoco agota la explicación.
La respuesta institucional fue amplia y coordinada. Protección Civil, fuerzas de seguridad estatales, Ejército y Guardia Nacional desplegaron la fuerza de tarea Genaro Codina. Llegaron bomberos de Zacatecas capital, Guadalupe, Calera, Morelos, Jerez y Fresnillo. Trece pipas combatieron el fuego durante horas. A las 23:00, el control avanzaba al 70 por ciento. Se evitó una tragedia mayor: una gasolinera cercana no explotó; los vehículos pesados fueron retirados a tiempo. En medio del caos, hubo método.
En ese despliegue, la voz de gobierno fue clara. El secretario general, Rodrigo Reyes Mugüerza, condenó la violencia, informó de las investigaciones en curso y trazó una línea que el Estado no puede cruzar: la legitimidad de la demanda no justifica el incendio. Señaló, además, la posible intervención de un actor político detrás de la protesta. No dio nombres. Hizo lo que corresponde: abrir la puerta a la investigación sin convertir la sospecha en sentencia.
A partir de ahí, comenzó la otra conflagración: la narrativa. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, habló de desastre e incompetencia, y recordó la larga sombra de corrupción que ha acompañado a Segalmex. El PAN en Zacatecas pidió no criminalizar a los productores y exigió soluciones de fondo. Cada uno eligió su ángulo. Ninguno se detuvo a mirar el terreno completo.
A ese posicionamiento se sumó el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, organización que condenó los hechos y exigió una investigación inmediata.
No es un actor menor: detrás de su estructura opera el diputado federal José Narro, figura con presencia en el sector agrario y con intereses directos en la disputa por la representación del campo. Su pronunciamiento, aunque en tono institucional, también forma parte del pulso político que atraviesa el conflicto.
Porque el incendio no nace el martes. Viene de meses atrás, en expedientes, padrones y centros de acopio. Al menos 200 productores denuncian haber quedado fuera del programa de compra de frijol. Hablan de “coyotaje”: intermediarios que compran barato y venden caro, una vieja práctica que sobrevive a cualquier sexenio. Señalan a funcionarios locales, a operadores, a legisladores. Se deslindan de la violencia, pero no del enojo. Y el enojo, cuando no encuentra salida institucional, busca otras salidas.
Aquí la historia se vuelve incómoda. Zacatecas produce frijol, pero sus productores negocian en desventaja. El Estado promete precios de garantía, pero la operación se traba en reglas opacas y ventanillas cerradas. El mercado castiga; la política promete; la realidad empuja. En ese triángulo, la paciencia se agota.
Sobre las cenizas aparece otro fantasma: el de los archivos. Segalmex no es una institución neutra. Carga el peso de un desfalco que, según investigaciones federales, superó los 20 mil millones de pesos durante la gestión de Ignacio Ovalle. En ese contexto, la sospecha es inevitable: ¿qué se perdió con el fuego además de granos y láminas? ¿Qué documentos quedaron intactos? ¿Cuáles no? La insinuación circula, pero la prueba aún no existe. Conviene no confundir memoria con evidencia.
Las fiscalías, federal y estatal, tienen ahora una tarea doble: identificar a los responsables directos del incendio y reconstruir, con peritajes y cadena de custodia, lo que el fuego intentó borrar. Es un trabajo técnico, lento, poco espectacular. Es, también, la única vía para que la verdad no se convierta en consigna.
Mientras tanto, el campo sigue dando tiempo al tiempo. No espera discursos, espera pagos. No espera culpas, espera reglas claras. La distancia entre la bodega y la parcela es más larga de lo que marcan los mapas. Se mide en desconfianza.
El incendio de Alimentación para el Bienestar no es un accidente aislado ni una simple riña política. Es el síntoma visible de un sistema que no termina de cerrar sus grietas: programas que prometen más de lo que operan, intermediarios que ocupan el vacío, actores políticos que convierten cada crisis en munición. En ese terreno, una chispa basta.
Queda una lección incómoda. Cuando la política no ordena, el fuego organiza. Y siempre cobra más de lo que debía.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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