RAFAEL CANDELAS SALINAS
En los últimos días, diversos medios nacionales han colocado sobre la mesa un tema tan delicado como trascendente, la presunta actuación de agentes estadounidenses en territorio mexicano, particularmente en tareas relacionadas con seguridad y combate al crimen organizado.
Aunque no es un tema nuevo, sino algo que se viene anunciado desde que Donald Trump llegó a la Presidencia de los Estados Unidos por segunda ocasión, el debate tomó fuerza tras el accidente carretero ocurrido en Chihuahua, donde perdieron la vida dos ciudadanos estadounidenses que, de acuerdo con versiones oficiales, estaban adscritos a labores de capacitación y colaboración institucional con autoridades locales. El tema llamó poderosamente la atención, ya que el gobierno de Chihuahua reconoció su vínculo con los agentes al reconocer que participaban junto con agentes mexicanos en tareas de apoyo en seguridad, mientras que desde el ámbito federal, la reacción de la presidenta fue la habitual, deslindarse, minimizar el hecho y dejar más preguntas que respuestas.
A partir de ahí, distintos analistas y columnistas nacionales han planteado diversas interrogantes: ¿se trataba únicamente de instructores?, ¿existían operaciones más amplias de inteligencia?, ¿hay coordinación plena con el gobierno federal?, ¿está cumpliendo Donald Trump su amenaza de actuar unilateralmente en territorio mexicano?, ¿o estamos ante acciones focalizadas que rebasan los canales tradicionales?
He de advertir, con toda responsabilidad, que muchas de estas versiones se mantienen en el terreno de lo periodístico y no existen, hasta ahora, confirmaciones públicas concluyentes, salvo lo expresado en redes sociales por el embajador Ron Jhonson lamentando las muertes y señalando que estas tragedias recuerdan los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad de ambos países, pero también sería ingenuo ignorar el contexto.
Si bien es cierto que las acciones unilaterales estadounidenses no son una novedad, también es cierto que México vive desde hace años una crisis de seguridad severa, que ha provocado un avance territorial y financiero nunca antes visto de los grupos criminales y la aparición en los últimos años del tráfico de fentanilo, lo cual, sumado a la migración irregular y la presión política de Washington han convertido la agenda bilateral en una bomba de tiempo.
Por eso hoy la discusión no gira solo en torno a si hubo o no operaciones discretas, la discusión real es por qué millones de mexicanos consideran creíble que las haya y, por si fuera poco, coinciden en que esta podría ser la única solución a los problemas de inseguridad en nuestro país.
Y la respuesta es muy simple, mucha gente está de acuerdo porque la política de abrazos no balazos derivó en debilidad institucional, impunidad y pérdida de control en amplias regiones del país, lo cual ha erosionado la confianza en la capacidad del Estado mexicano para resolver por sí mismo sus problemas.
Mientras tanto, quiénes hoy nos gobiernan siguen creyendo que la soberanía se defiende con conferencias mañaneras y con evasivas calculadas, en lugar de hacerlo con resultados, con inteligencia propia, con instituciones fuertes y control efectivo del territorio.
En lo personal me preocupa cualquier intervención no transparente de un gobierno extranjero, pero me preocupa todavía más, la pasividad interna que la vuelve una posibilidad bien recibida por la sociedad civil, porque cuando un país no enfrenta sus problemas con seriedad y deja a sus ciudadanos en el desamparo, tarde o temprano estos agradecerán que alguien más tome cartas en el asunto.
Nos leemos el próximo miércoles con más del Dedo en la Llaga.
Sobre la Firma
Jurista, exlegislador y columnista sin concesiones.
rafaelcandelas77@hotmail.com
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