SAÚL MONREAL ÁVILA
En la recta final del segundo periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, el balance legislativo comienza a perfilarse como un termómetro del compromiso político con el país, lo cierto es que las decisiones que se toman en este momento delinean el rumbo institucional de México en los próximos años. Y en ese contexto, los avances recientes no pueden pasar desapercibidos.
La aprobación de cuatro dictámenes estratégicos revela una intención clara: fortalecer al Estado desde sus cimientos técnicos, administrativos y sociales, en primer lugar, la ampliación de facultades de la Auditoría Superior de la Federación representa un paso relevante en la lucha contra la corrupción. No se trata solo de dotar de más herramientas a un órgano fiscalizador, sino de reconocer que la vigilancia del gasto público debe evolucionar al ritmo de las nuevas formas de desvío y opacidad. La incorporación de tecnología y mecanismos más eficaces no es un lujo, es una necesidad impostergable.
En segundo término, la actualización de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal apunta hacia un rediseño del aparato estatal con miras al desarrollo nacional, este ajuste, alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, busca fortalecer la capacidad del gobierno para ejecutar proyectos de infraestructura y detonar crecimiento económico; sin embargo, el verdadero reto no radica solo en reformas de ley, sino en su implementación, pues la historia en el periodo neoliberal estuvo llena de reformas quizá bien intencionadas que se diluyeron en la práctica por falta de coordinación o voluntad política.
Otro de los avances destacados es la modernización del procedimiento contencioso administrativo. La digitalización de procesos no solo agiliza trámites, sino que abre la puerta a un acceso más equitativo a la justicia. En un país donde la burocracia ha sido durante décadas un obstáculo para los ciudadanos, este tipo de reformas tienen el potencial de cambiar la relación entre el Estado y la sociedad. La certeza jurídica, tan demandada por inversionistas y ciudadanos por igual, encuentra aquí un punto de apoyo importante.
Finalmente, la reafirmación del derecho a la vivienda adecuada introduce un elemento social indispensable en la agenda legislativa. No se puede hablar de desarrollo sin atender las condiciones básicas de vida de la población. Apostar por un modelo de vivienda digno y accesible implica reconocer que el bienestar no es un privilegio, sino un derecho.
No obstante, sería ingenuo asumir que la aprobación de estos dictámenes, por sí sola, resolverá los problemas estructurales del país. El Senado ha cumplido con una parte de su responsabilidad, pero ahora corresponde a las instituciones ejecutoras traducir estas reformas en resultados tangibles. La ciudadanía, cada vez más crítica y exigente, no se conforma con anuncios; demanda hechos.
El cierre de este periodo ordinario deja una señal clara, hay una ruta trazada hacia un Estado más fuerte, más transparente y más justo. Porque en política, como en la vida pública, no basta con avanzar; hay que saber sostener los logros, y en eso estamos enfocados.
Sobre la Firma
Senador, académico, fundador de Morena, fresnillense.
saul.monreal@senado.gob.mx
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