Ciudad de México.- La senadora Geovanna Bañuelos destacó que la reforma a la Ley de Vivienda redefine este acceso como un derecho efectivo y no un privilegio. Ante un déficit de nueve millones de hogares en México, la propuesta faculta al Estado para construir y arrendar inmuebles directamente, buscando garantizar condiciones de habitabilidad, servicios básicos y seguridad jurídica para los sectores más vulnerables.
La modificación legislativa introduce el concepto de “vivienda adecuada”, alineado con los estándares internacionales de la ONU-Hábitat. Esta categoría técnica trasciende la simple edificación para exigir que los proyectos habitacionales cumplan con criterios estrictos de accesibilidad, asequibilidad, infraestructura y ubicación. El diagnóstico legislativo es severo: actualmente, una de cada cinco viviendas en el país padece rezago habitacional, manifestado en hacinamiento o materiales precarios que comprometen la dignidad de las familias.
El eje central de la reforma reside en la transformación del papel institucional del Infonavit y el Fovissste. Bajo este nuevo marco normativo, estas entidades dejarán de ser exclusivamente gestoras de crédito para adquirir la facultad de construir, rehabilitar, urbanizar y arrendar propiedades. Esta intervención directa responde a una distorsión del mercado inmobiliario donde menos del 1% de la vivienda nueva resulta accesible para las clases populares. La medida intenta corregir la insuficiencia de la oferta frente a un crecimiento poblacional que demandará casi cuatro millones de hogares adicionales en el corto plazo.
La propuesta también contempla la integración de la producción social de vivienda y facilidades crediticias para trabajadores del sector informal, quienes históricamente han quedado excluidos del sistema financiero tradicional. Al centralizar la planeación urbana y fortalecer la capacidad operativa del Estado, se pretende que la expansión de las ciudades no responda únicamente a intereses comerciales, sino a una estrategia de ordenamiento territorial que incluya servicios complementarios en los conjuntos habitacionales.
Ante las críticas que sugieren una posible afectación a los ahorros de los trabajadores, la senadora Bañuelos calificó tales argumentos de infundados. Sostuvo que la reforma fortalece la solidaridad institucional con la clase trabajadora y que las versiones sobre un presunto despojo carecen de sustento técnico. El dictamen queda como una herramienta para institucionalizar el bienestar social, priorizando a jóvenes, mujeres jefas de familia y personas de bajos ingresos en el acceso a un patrimonio seguro.
LNy | Redacción