La LXV Legislatura del Estado de Zacatecas aprobó por unanimidad reformas legales para sancionar la violencia vicaria, aquella donde se utiliza a hijos o personas cercanas para dañar a las mujeres. La iniciativa, impulsada por la diputada Guadalupe Isadora Santiváñez Ríos, integra esta figura en el Código Penal y Familiar para cerrar vacíos legales y erradicar la impunidad.
La reforma zacatecana representa un avance institucional significativo al reconocer de manera explícita la violencia por interpósita persona dentro del marco normativo estatal. El dictamen, que fortalece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, otorga herramientas jurídicas precisas para investigar agresiones que anteriormente quedaban invisibilizadas bajo la etiqueta de conflictos domésticos. Al tipificar estas conductas, el Estado establece un mecanismo de protección no solo para las mujeres, sino también para las infancias y adolescencias que son instrumentalizadas en procesos de separación o disputa.
La nueva normativa impone obligaciones estrictas a las autoridades, con especial énfasis en la Fiscalía General de Justicia del Estado. Los agentes del Ministerio Público y el personal judicial deberán actuar bajo una perspectiva de género obligatoria, lo que implica una capacitación continua para detectar y procesar estos delitos de forma sensible y efectiva. Esta exigencia institucional busca evitar que las víctimas se enfrenten a procesos de revictimización y garantiza que la justicia actúe con firmeza incluso en los casos donde la mujer, debido al daño psicológico o emocional, no pueda presentar la denuncia de manera inmediata.
El consenso alcanzado en el Congreso local subraya la relevancia política de un problema que trasciende lo privado para convertirse en un asunto de orden público. La violencia vicaria, descrita como una de las agresiones de género más graves, utiliza el vínculo afectivo como una herramienta de tortura psicológica. Con este fortalecimiento legal, Zacatecas se alinea con los esfuerzos por garantizar el derecho constitucional a una vida libre de violencia, enviando un mensaje de tolerancia cero hacia prácticas que vulneran la integridad de las familias y el bienestar superior del menor.
LNY | Redacción