Calera, Zac.- El diputado federal Ulises Mejía Haro encabezó una asamblea ciudadana en Calera, para coordinar el respaldo social a la estrategia de soberanía económica e institucional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El encuentro buscó movilizar las bases regionales frente a las presiones externas y consolidar las reformas estructurales del Ejecutivo en el aparato productivo nacional.
El acto se produce en un escenario de redefinición de las relaciones comerciales e institucionales del Estado mexicano, donde la gestión de los recursos estratégicos ocupa el centro del debate público. Durante su intervención, Mejía Haro argumentó que la autodeterminación del país está directamente vinculada a la capacidad del Estado para gestionar de manera independiente sus sectores clave, un planteamiento que busca contrarrestar las lógicas de subordinación económica frente a mercados globales y capitales privados.
La viabilidad de este modelo nacionalista descansa en la reconfiguración regulatoria de los sectores energético y social. El legislador federal detalló ante los ciudadanos que las prioridades de la administración federal se centran en devolver el carácter público a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, además de blindar los programas de asistencia social otorgándoles rango constitucional. Esta estrategia representa un giro en la política pública mexicana, orientada a sustituir los esquemas de subcontratación y privatización por un control estatal que asegure el abastecimiento interno.
El posicionamiento del legislador trasciende el plano energético e incide en la soberanía alimentaria, una de las asignaturas pendientes en el norte de la República. La propuesta gubernamental articulada en el foro plantea que el crecimiento del campo mexicano y la protección de sus recursos naturales constituyen filtros de seguridad nacional indispensables para evitar la vulnerabilidad alimentaria, la cual afecta de forma cíclica la estabilidad económica de las comunidades rurales en la entidad zacatecana.
Este despliegue territorial refleja el interés del grupo gobernante por legitimarse mediante la consulta y la participación directa de la población, asumiendo que la viabilidad del proyecto político actual depende de la cohesión social frente a coyunturas de inestabilidad internacional. Las implicaciones de este proceso obligan a una discusión institucional profunda sobre el equilibrio fiscal, la eficiencia productiva de las empresas del Estado y la capacidad real de las políticas públicas para generar un desarrollo económico que disminuya las brechas de desigualdad regional.
LNY | Redacción