JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Hoy 30 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentará ante la Cámara de Diputados la segunda entrega de los informes individuales correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2025.
Será el segundo corte de un proceso que comenzó el 30 de junio, cuando se dieron a conocer los primeros resultados de las revisiones practicadas y concluidas hasta ese momento.
Cabe recordar que es el ejercicio que se fiscaliza al primer año completo de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque la primera entrega no incluyó el gasto de las secretarías ni de los proyectos prioritarios, que quedaron para la segunda y la tercera.
De acuerdo con el calendario previsto en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en cumplimiento del mandato del artículo 79 constitucional, la fiscalización contempla tres entregas: la primera, en junio; la segunda, el último día hábil de octubre, que este año es el viernes 30; y la tercera, a más tardar el 20 de febrero de 2027.
Pero más allá de las fechas, hay una buena razón para conocer esta segunda entrega: saber qué seguimiento se ha dado a los primeros resultados y qué revelarán los nuevos informes sobre el uso de los recursos públicos.
La primera entrega fue acotada: 33 auditorías a la distribución de participaciones federales a municipios, con un universo superior a los 300 mil millones de pesos, de los cuales solo 1.4 millones quedaron pendientes de aclarar. No hubo auditorías al gasto de las dependencias federales, los programas ni los contratos.
Junto con esa entrega, la ASF informó los primeros resultados de sus nuevas facultades para investigar de oficio: 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por un posible daño al erario superior a los 600 millones de pesos, correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2023 y 2024, y 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves por colusión y contratación indebida en compras públicas. La presidenta Sheinbaum respondió que revisaría el informe y recordó que los entes auditados pueden solventar las observaciones. Se trata de señalamientos presuntos: corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades.
Por eso, la segunda entrega no debe analizarse de manera aislada. Es necesario revisar qué observaciones se formularon en junio, cuáles corresponden a nuevas auditorías, qué aclaraciones se han presentado y qué acciones se han promovido cuando existen elementos para hacerlo.
En este seguimiento, las contrataciones públicas deben ocupar un lugar relevante, como lo sugieren los expedientes por colusión ya presentados. Los concursos, las licitaciones, las adjudicaciones directas y las empresas beneficiadas con recursos públicos requieren una revisión que vaya más allá de los expedientes administrativos. Es necesario verificar si los procedimientos se apegaron a la ley, si los bienes y servicios contratados se entregaron y si los precios y las condiciones respondieron al interés público.
También importa examinar la relación entre funcionarios y proveedores, así como cualquier posible conflicto de interés o irregularidad documentada. La revisión debe abarcar a todas las partes involucradas, sin anticipar culpabilidades ni excluir responsabilidades por la posición que ocupe cada participante.
Porque una auditoría no concluye su propósito con la publicación del informe individual. Los hallazgos deben recibir seguimiento, las aclaraciones deben evaluarse y, cuando corresponda, las autoridades competentes deben determinar las responsabilidades conforme a la ley.
El 30 de octubre será, por tanto, una nueva oportunidad para examinar cómo se fiscaliza el dinero de los mexicanos. Habrá que ver si por fin se presentan las auditorías a las dependencias federales y qué avance tienen las denuncias y los expedientes de junio.
No basta con conocer cuántas auditorías se realizaron: también es indispensable entender qué se encontró, qué se aclaró y qué acciones siguen pendientes.
La tercera entrega, prevista para febrero de 2027, cerrará el calendario de presentación de informes individuales de la Cuenta Pública 2025. Sin embargo, el seguimiento de las observaciones y de las acciones derivadas de las auditorías puede continuar después de esa fecha.
La rendición de cuentas no consiste solamente en entregar informes. Consiste en dar seguimiento a los hallazgos, esclarecer las irregularidades y garantizar que los recursos públicos se utilicen conforme a la ley.
La pregunta para esta segunda entrega es concreta: ¿qué nos dicen los resultados sobre el destino del dinero público y qué falta por aclarar?
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Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
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