MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
El Día Mundial contra las Drogas se conmemora cada 26 de junio con el objetivo de reforzar las acciones gubernamentales y sociales para combatir el aumento de las adicciones, así como los graves efectos sociales, económicos, en la salud pública y en la seguridad que genera el tráfico de drogas.
En el marco de esta conmemoración, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó los datos del Informe Mundial sobre las Drogas 2025, que revela que más de 316 millones de personas entre 15 y 64 años consumieron drogas en 2023, lo que representa un aumento del 20% desde 2013.
Este incremento supera el crecimiento de la población mundial en el mismo periodo. El informe detalla que las sustancias más consumidas son el cannabis, con 244 millones de consumidores; los opiáceos, con 61 millones; las anfetaminas, con 30.7 millones; la cocaína, con 25 millones; y el éxtasis, con 21 millones. Sin embargo, en los últimos dos años ha aumentado el uso de mezclas peligrosas, como el fentanilo combinado con otros estupefacientes potentes, así como la aparición de nuevas drogas sintéticas, como los nitazenos. Este fenómeno refleja una tendencia creciente hacia sustancias más letales, lo que incrementa el riesgo de muerte para sus consumidores.
Ante este escenario, es fundamental contar con datos precisos sobre el consumo de drogas en México para implementar planes, programas y acciones efectivas tanto para el tratamiento de adicciones como para el combate al narcotráfico. No obstante, en los últimos años no se han realizado mediciones confiables que permitan evaluar con exactitud el avance de las adicciones, sus impactos en la salud pública y sus consecuencias sociales, económicas y en materia de seguridad.
La última Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco se realizó en 2016-2017, lo que significa que han transcurrido casi nueve años sin que el gobierno federal actualice los datos sobre uno de los problemas de salud pública más relevantes en el país: el consumo de sustancias adictivas. Esta omisión refleja tanto el escaso interés por conocer los verdaderos niveles de adicción entre la población mexicana, como un posible intento por ocultar una realidad que evidencia el avance del narcotráfico.
Durante el sexenio anterior no se llevó a cabo ningún estudio oficial que midiera los niveles de consumo de drogas -tanto legales como ilegales- ni que cuantificara el número de personas con adicciones y sus necesidades de tratamiento. Esta falta de acción podría interpretarse como un intento por ocultar una realidad incómoda: el aumento en el consumo de drogas entre la población mexicana representa un evidente fracaso en la estrategia contra el crimen organizado.
Entre octubre de 2023 y mayo de 2024, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología realizó la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones 2023-2024. Sin embargo, a principios de 2025, el secretario de Salud, David Kershenobich, determinó que el estudio presentaba errores metodológicos, pues los resultados obtenidos no coincidían con investigaciones previas ni reflejaban la situación actual del país. Ante esto, se decidió implementar una nueva medición, por lo que durante julio de 2025 se aplicará la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025.
Frente a este escenario nacional, surgen interrogantes fundamentales: ¿cómo están abordando las entidades federativas el problema de las adicciones? ¿Existen realmente políticas públicas integrales que contemplen la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de las personas que consumen drogas? O, por el contrario, ¿se limitan a ampararse en la Estrategia Nacional de Seguridad, dejando de lado otros aspectos igualmente cruciales?
En Zacatecas, las autoridades estatales no han desarrollado estudios específicos que permitan determinar: los niveles actuales de adicciones, el número preciso de personas que consumen drogas, los impactos en su salud, los rangos de edad afectados, los tipos de sustancias consumidas, la cantidad de centros de tratamiento disponibles en la entidad o sus condiciones operativas. Únicamente se ha reportado, por parte de la jefa del área de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, un incremento en el consumo de metanfetaminas (conocidas como “cristal”), con 400 casos confirmados durante el presente año.
En síntesis, el tratamiento de las adicciones constituye una asignatura pendiente para los gobiernos, quienes han dejado de abordar este fenómeno con la doble perspectiva que requiere: como problema de salud pública y como cuestión de seguridad pública. Se olvida así que la crisis de inseguridad y violencia que afecta tanto al país como al estado no podrá resolverse únicamente mediante el aumento de efectivos policiales, el uso de la fuerza o la presentación de informes sobre reducción de homicidios, sino que requiere atender de manera integral una de las consecuencias más graves del narcotráfico: el creciente problema de las adicciones.