JULIETA DEL RÍO
La libertad de expresión no es una concesión del poder, sino un derecho humano inherente a cada persona. Pensar distinto, creer, disentir y expresar ideas —incluso aquellas que hoy se consideran “datos sensibles”, como la religión, la ideología o hasta la preferencia por un equipo de fUtbol— forma parte de la identidad individual y colectiva. Callar voces nunca ha sido una solución; escucharlas sí.
En este inicio de año, el caso de Venezuela ha provocado un intenso debate internacional. Se habla de soberanía, de legalidad, de intromisiones externas. Y es cierto: la soberanía de cada país es un principio fundamental. Ninguna nación debería ser intervenida desde fuera. Pero en medio de los discursos políticos suele perderse lo esencial: detrás de cada postura hay millones de seres humanos que, solo quienes viven ahí, saben lo que han atravesado durante décadas. Más allá de las ideologías, la realidad humana merece respeto y empatía.
En México, la soberanía no se reduce a un concepto jurídico. Es identidad, memoria y emoción colectiva. Se manifiesta en nuestros símbolos nacionales: la bandera, el himno, la representación del país en cualquier escenario internacional. Escuchar el Himno Nacional en el extranjero, ver competir a la selección mexicana o presenciar el triunfo de una o un mexicano en el deporte, la cultura o un certamen internacional despierta un orgullo profundo. Es llevar a México en las venas.
Sin embargo, la soberanía va mucho más allá de lo simbólico, tiene una base jurídica clara y obligatoria. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 39 establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder público deriva de él y se instituyó para su beneficio, y que el pueblo tiene en todo tiempo el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su gobierno.
El artículo 41 complementa esta idea al señalar que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y, en lo que corresponde a los asuntos locales, por medio de los poderes de los estados y de la Ciudad de México, conforme a lo establecido en la propia Constitución y en las constituciones de las entidades federativas.
La pregunta inevitable es incómoda, pero necesaria: ¿por qué, si existe una Constitución y conocemos sus principios, muchos de sus artículos no se respetan en la práctica? Defender la soberanía no debería limitarse a discursos ni a símbolos. Tal vez el verdadero ejercicio soberano comienza cuando exigimos que la ley se cumpla, que el poder sirva al pueblo y que la dignidad de las personas sea el centro de toda decisión pública.
Porque la soberanía no solo se defiende frente al exterior; se construye todos los días, hacia adentro.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
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