JUAN JOSÉ MONTIEL RICO
En México, durante la noche más oscura del neoliberalismo, el Estado se deshizo, entre otras responsabilidades, de una muy importante: la atención social. Se construyó una lógica en la que buena parte de quehacer público se “tercerizó”. Los gobiernos, en lugar de diseñar estrategias para garantizar derechos, delegaba estas tareas a las llamadas organizaciones de la sociedad civil (OSC) y, claro, pagaba por ello. Se gastaron miles de millones de pesos en asociaciones civiles y donatarias autorizadas, muchas de dudosa orientación, que no sólo incumplían sus objetivos sino que hicieron de la simulación un modo de vida.
La crítica que la Cuarta Transformación enarboló contra estas estructuras fue lapidaria. Andrés Manuel López Obrador denunció desde 2018 que gran parte de esas organizaciones eran un “aparato oneroso” sostenido con recursos públicos para simular atención a los problemas sociales. Dinero público para torneos de golf, suscripciones a revistas o consultorías incomprensibles para el ciudadano de a pie. Era, en palabras del presidente, un mecanismo “para saquear al país detrás de la fachada de la sociedad civil”.
El problema de fondo es claro. El Estado se desmantelaba a sí mismo y entregaba su función social a terceros. Así se incubaron “asociaciones fachada” que vivían del presupuesto y que no rendían cuentas. El ejemplo paradigmático fue el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), implementado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entre 2013 y 2016 canalizó casi 10 mil millones de pesos en proyectos que, en teoría, buscaban prevenir la violencia a través de actividades comunitarias. En la práctica, financió clases de zumba, talleres improvisados y huertos vecinales sin lógica clara de impacto en la seguridad. El dinero llegaba tarde y debía gastarse a toda prisa, propiciando contratos a consultoras y OSC que poco o nada tenían que ver con la prevención del delito. A la vuelta de cuatro años, el resultado fue un fracaso rotundo: cero incidencia en la disminución de la violencia y abundantes señalamientos de corrupción y simulación.
Casos como el de Pronaped se replicaron en otros ámbitos. La fundación Juntos Podemos, ligada a la panista Josefina Vázquez Mota, recibió más de mil millones de pesos para apoyar a migrantes en Estados Unidos, sin que haya claridad sobre su destino. Otras organizaciones aprovecharon los registros en Indesol para sobrevivir del erario, sin cumplir con sus estatutos. Así, el espejismo de la “sociedad civil” fue convirtiéndose en un negocio redondo.
Frente a ese escenario, el gobierno de López Obrador decidió cortar de tajo: en 2019 ordenó que ninguna dependencia transfiriera recursos a OSC. El principio era devolver al Estado las tareas de diagnóstico, diseño, instrumentación e implementación de estrategias para atender los distintos problemas sociales. El golpe final vino en 2021, cuando se decretó la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social — el famoso Indesol—, organismo creado en 1994 para registrar y financiar a estas organizaciones.
Los defensores de las OSC podrán argumentar que en su seno también habitan esfuerzos genuinos, voces que históricamente han acompañado causas sociales. Y es cierto. Pero la regla en el México neoliberal fue la proliferación de asociaciones como mecanismo de simulación, como fachada de un despojo sistemático.
En este sentido, el debate no es menor: ¿debe el Estado asumir plenamente sus responsabilidades sociales o delegarlas a privados que, bajo el membrete de “sociedad civil”, convierten la caridad en negocio? La Cuarta Transformación eligió la primera ruta. Y lo hizo con un trazo grueso, que a muchos incomoda: acabar con los privilegios y arrancar de raíz esa intermediación que durante años sirvió más para enriquecer a unos cuantos que para atender al pueblo.
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Estratega político entre gobiernos, campañas y narrativas.
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