Zacatecas, Zac.- La disputa por la atribución de la violencia homicida en la frontera entre Zacatecas y San Luis Potosí (SLP) escaló institucionalmente, luego de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sumara oficialmente siete homicidios a las cifras del estado de Zacatecas. El caso se centra en el hallazgo de los cuerpos en la zona limítrofe, un hecho que llevó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) a judicializar a cuatro elementos de la Guardia Civil potosina (GCE).
Los cuatro agentes de seguridad de SLP fueron puestos a disposición de la FGJEZ, al ser relacionados con el hallazgo de los siete cuerpos. La controversia se originó porque los oficiales fueron encontrados a solo unos metros de distancia del lugar del descubrimiento y circulaban en una camioneta sin rotular, confirmada como propiedad de la Secretaría de Seguridad de SLP. Las autoridades zacatecanas argumentaron que la unidad presentaba manchas de sangre y que en su interior se incautaron guantes quirúrgicos y un arma tipo “cuerno de chivo”.
Ante la complejidad del incidente y la fricción interinstitucional, la Fiscalía de Zacatecas ha solicitado formalmente que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación.
La versión de San Luis Potosí contrasta fuertemente con la acusación. El Secretario de Seguridad de SLP, Jesús Juárez, defendió a sus agentes, asegurando que estos respondían a un reporte oficial del 911 que alertaba sobre la localización de cuerpos en una brecha en una comunidad de Villa de Cos, Zacatecas.
Juárez reprochó que ninguna autoridad zacatecana solicitó información previa sobre el reporte o la ruta de los agentes, y minimizó el arresto, argumentando que la retención inicial solo se justificó por la falta de un oficio de comisión y el uso de una unidad civil. Autoridades potosinas han afirmado que no existe certeza de que los cuerpos provinieran de SLP y han insinuado que Zacatecas se niega a reconocer sus propios homicidios.
En un gesto de colaboración acotada, la Fiscal General de SLP, María Manuela García Cázares, confirmó la participación de su dependencia solo para cumplir con las diligencias solicitadas por Zacatecas en el municipio potosino de Santo Domingo. La Fiscal subrayó que su dependencia no ha abierto una indagatoria paralela, pues el caso y la atribución corresponden únicamente a la Fiscalía zacatecana. La conclusión formal del caso y la confirmación de la hipótesis zacatecana penden ahora del análisis de la información recabada en el territorio potosino.
LNY | Redacción

