MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
En Zacatecas, el 9 de mayo de 2026, quedará marcado en la historia de nuestra entidad como una jornada que exhibió con crudeza la incapacidad política, la vocación represiva y la brutalidad policiaca del Gobierno del Estado de Zacatecas, al reprimir una manifestación campesina que exige legítimamente el acopio de su cosecha de frijol, así como a docentes y estudiantes que se solidarizaron con el sector campesino.
Los productores han solicitado diálogo, atención y ser beneficiarios de un programa gubernamental financiado con recursos públicos; sin embargo, solo han recibido engaños y cerrazón institucional. Por ello, se han visto obligados a ejercer sus derechos humanos a la manifestación, la libertad de expresión y la protesta pacífica.
Lejos de escuchar, atender y resolver las demandas mediante el diálogo democrático, el gobierno estatal optó por criminalizar la protesta social, desplegando cuerpos policiales antimotines, haciendo uso excesivo de la fuerza pública, reprimiendo a las personas manifestantes y realizando detenciones arbitrarias e ilegales, lo cual resulta inadmisible en un gobierno democrático.
Es absolutamente reprobable que las y los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, cuya responsabilidad es salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y el patrimonio de la población, sean quienes, por instrucciones de sus mandos superiores, vulneren la dignidad y los derechos humanos de productores, docentes, estudiantes y de las personas que se han solidarizado con el movimiento campesino, socavando gravemente la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública del estado.
Además, es reprobable que se haya agredido a estudiantes cuyo único acto consistió en brindar solidaridad a los campesinos y ofrecerles un vaso de agua, y que como respuesta a una acción digna y de buena fe hayan sido objeto de represión, brutalidad y criminalización, siendo detenidos arbitrariamente y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas sin haber cometido delito alguno.
Expreso mi solidaridad y reconocimiento a las y los estudiantes universitarios y, de manera especial, a las estudiantes de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a quienes conozco por su elevado compromiso con las causas sociales y por haber demostrado, con valentía, conciencia crítica y vocación de servicio, que la juventud universitaria no es indiferente frente a las injusticias que lastiman a nuestro pueblo.
La actuación brutal y desproporcionada de la Policía Estatal del Gobierno de Zacatecas vulneró los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad, oportunidad, prevención y rendición de cuentas previstos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Asimismo, transgredió de manera flagrante instrumentos internacionales de derechos humanos emitidos por la Organización de las Naciones Unidas.
Por lo anterior, me sumo a la exigencia de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad universitaria, para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas no criminalice ni revictimice a las y los manifestantes ni a los estudiantes y docentes, investigue la comisión del delito de abuso de autoridad en contra de las y los elementos policiales involucrados, lleve a cabo una investigación pronta, imparcial, expedita y con la debida diligencia; y que, en el momento procesal oportuno, y se sancione a las personas responsables, garantizando verdad, justicia y reparación integral para las víctimas.
Del mismo modo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado debe iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes, por conducto del Consejo de Honor y Justicia, en contra de las y los elementos policiales participantes en estos reprobables actos de abuso policial, y se sancione enérgicamente a los responsables.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado debe iniciar los procedimientos de queja correspondientes, o en su caso, remitir el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que se investiguen las violaciones a los derechos a la manifestación, libertad de expresión, integridad personal, libertad personal, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, verdad y dignidad cometidas en contra de las personas manifestantes y de las y los estudiantes.
Finalmente, debe quedar claro que, en un Estado Constitucional de Derecho, las autoridades promueven, protegen, respetan y garantizan los derechos y libertades fundamentales de la población; nunca los reprimen, agreden, criminalizan o revictimizan. Por ello, este es un llamado firme al Gobierno del Estado de Zacatecas a ajustar su actuación a la legalidad, a la justicia y al respeto irrestricto de la dignidad humana.
Sobre la Firma
Abogada defensora de derechos y democracia.
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