Zacatecas, Zac.- La senadora Geovanna Bañuelos propuso regular los centros de acopio de granos básicos mediante una reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada ante la Comisión Permanente, con el objetivo de combatir la corrupción, garantizar precios justos y proteger a los productores de Zacatecas y del resto del país frente a las asimetrías del mercado.
La iniciativa, impulsada por la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tras un recorrido de trabajo por diez municipios zacatecanos —Trancoso, Loreto, Noria de Ángeles, Calera, Guadalupe, Concepción del Oro, Villa de Cos, Morelos, Nieves y Fresnillo—, busca corregir los abusos y los retrasos en los pagos que afectan al sector agrícola. La propuesta legal redefine estos espacios no como meros almacenes, sino como instrumentos de política pública orientados a ordenar la comercialización y asegurar el ingreso rural.
El proyecto normativo introduce la definición formal de centro de acopio como el establecimiento físico destinado a la recepción, verificación, análisis de calidad, pesaje, clasificación, almacenamiento y pago de los granos bajo esquemas de precios justos garantizados. De este modo, la legislación busca dotar de certeza jurídica a los agricultores frente a las recientes crisis y movilizaciones del sector, particularmente de los productores de frijol en el estado de Zacatecas.
Entre las obligaciones que introduce la reforma destaca la exigencia a los administradores de los centros de acopio de exhibir de forma pública, permanente y verificable la información sobre las tarifas vigentes, el calendario de recepción y pago, así como los criterios aplicados para el volumen, la humedad, la merma y el método de pesaje. Asimismo, el texto legal instituye un procedimiento mínimo obligatorio de recepción para reducir la vulnerabilidad de los productores y agilizar la resolución de controversias comerciales.
Un aspecto central de la propuesta es la fijación de un plazo máximo obligatorio de cinco días hábiles, contados a partir de la entrega del grano, para efectuar el pago correspondiente al productor. Para respaldar esta medida y evitar los incumplimientos financieros de los centros de acopio, la iniciativa plantea la creación de un Fondo de Garantía de Pago al Productor.
La fiscalización del sistema quedará a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, institución que deberá habilitar mecanismos gratuitos y oportunos para la atención de quejas y denuncias. El marco legal previsto contempla además la realización de visitas de supervisión y la promoción de contralorías sociales en aquellos centros de acopio que operen con recursos públicos federales o programas de apoyo estatal, con el fin de asegurar que la comercialización no dependa exclusivamente de las presiones del mercado.
LNY | Redacción