CARLOS PEÑA BADILLO
México y Zacatecas no se derrumban de un día para otro. Se desgastan, se van quedando sin aire poco a poco, entre decisiones mal tomadas, decisiones deliberadas y una narrativa oficial que insiste en negar lo evidente.
En Zacatecas tenemos muchos ejemplos de mentiras oficiales que quizá tenían buena intención, pero que nunca dejaron de ser mentiras. En alguna ocasión, llegamos oír decir al gobernador, muy enfáticamente, que el segundo piso iba porque iba. Igual se ha dicho que Milpillas ya es un hecho, pero ni siquiera se ha comenzado.
Otra gran mentira es la carretera a cuatro carriles de Zacatecas a Aguascalientes y una más, muy lamentable y profunda, hoy asistí a una misa de cuerpo presente de un joven desaparecido el 23 de abril y que hoy mismo lo sepultaron. Por la forma en que encontraron el cuerpo, no cabe duda que fue el crimen organizado.
Pero esto no tendría nada que discutirse, en los últimos años ésta ha sido la constante, jóvenes que desaparecen y no vuelven a aparecer, o los encuentran ejecutados. Mientras tanto, la mentira del Zacatecas en paz y libre de violencia, sigue presente.
Hoy México enfrenta una asfixia silenciosa pero profunda, resultados de años de demagogia, desatención gubernamental y un preocupante desapego por resolver los problemas reales de la gente.
Durante demasiado tiempo se privilegió el discurso sobre los resultados. Se prometió transformación, pero en la práctica se desmontaron capacidades institucionales, se debilitó al Estado y se sustituyó la política pública por ocurrencias. Gobernar dejó de ser sinónimo de responsabilidad para convertirse, en muchos casos, en un ejercicio de propaganda.
Las consecuencias ya están aquí. La inseguridad no solo persiste, sino que en amplias regiones del país se ha normalizado la presencia y operación de grupos criminales. No se trata únicamente de cifras: es el miedo cotidiano, la extorsión al pequeño comerciante, el control territorial y la pérdida de libertades básicas. La percepción —cada vez más extendida— de una preocupante tolerancia o incapacidad del Estado frente al crimen erosiona la confianza ciudadana y debilita el tejido social.
A ello se suma una corrupción que, lejos de erradicarse, ha mutado y encontrado nuevos mecanismos. El llamado “huachicol fiscal” es quizá uno de los ejemplos más alarmantes: redes complejas que evaden impuestos a gran escala, generando pérdidas millonarias al erario y causando el quebranto de Pemex mientras se alimentan de vacíos regulatorios y complicidades. Lo más grave no es solo el daño económico, sino el mensaje implícito: la ley no es pareja.
En el ámbito de la salud, el abandono es evidente. Lo que debería ser un derecho garantizado se ha convertido en una moneda de ajuste presupuestal. La falta de medicamentos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y la precarización del personal médico no son accidentes, son el resultado de decisiones que priorizaron cálculos financieros por encima de la vida de las personas. La factura, inevitablemente, la paga la sociedad.
El despilfarro también ha dejado huella. Recursos públicos destinados a proyectos cuestionables, muchas veces sin planeación ni evaluación rigurosa, han comprometido la capacidad del Estado para invertir donde realmente importa: educación, seguridad, salud e infraestructura básica. No se tratade estar en contra de la inversión pública, sino de exigir que sea útil, transparente y orientada al bienestar colectivo.
Frente a este panorama, lo más revelador es el cambio en el ánimo social. La ciudadanía ha comenzado a mostrar signos claros de hartazgo. Ya no basta con narrativas optimistas ni con culpar al pasado. La gente quiere resultados tangibles, soluciones concretas y, sobre todo, un gobierno que asuma su responsabilidad con seriedad.
La sociedad mexicana ya habló —aunque no siempre en voz alta—: no quiere más demagogia. Quiere soluciones. Y el tiempo para darlas se está agotando.
Sobre la Firma
Diputado, exalcalde, voz opositora firme
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