Nada que celebrar
RAYMUNDO MORENO ROMERO
El pasado 17 de mayo se conmemoró el día nacional e internacional contra la homo-lesbo-bi-trans fobia, en suma, la fecha que recuerda la lucha de décadas por el respeto, la dignidad, la igualdad jurídica, la no discriminación y el cese de la violencia contra las personas de la diversidad sexual. Junio es el mes de la diversidad en todo el mundo.
Si bien es importante reconocer las conquistas alcanzadas a partir del esfuerzo cotidiano de un activismo combativo y resilente, también es indispensable visibilizar los enormes retos que prevalecen en materia de derechos humanos.
A nivel internacional, a pesar de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones de Naciones Unidas, y de los avances particularmente en naciones occidentales, todavía hoy, en pleno 2020, hay 70 países que siguen criminalizando las conductas homosexuales, 6 de ellos con la pena de muerte.
En el ámbito nacional, el siglo XXI se inauguró con pasos firmes en favor de una genuina igualdad sustantiva. La creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), paradójicamente durante el Gobierno de derecha de Vicente Fox, la extraordinaria reforma constitucional de 2011, y la Jurisprudencia 45/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con relación al matrimonio igualitario, propiciaron cierto optimismo en las comunidades LGBTTTI. No obstante, cada reforma ha traído como consecuencia una suerte de intento de contra-reforma por parte de los grupos conservadores. Dichos grupos, bien organizados y financiados por instancias internacionales, mantienen una cruzada no solo por detener la conquista de derechos, sino por revertir lo logrado. La iniciativa de “Pin parental”, agraciadamente rechazada por el Congreso de Nuevo León en días pasados, da cuenta de ello.
Hoy todavía 13 entidades, entre ellas bochornosamente Zacatecas, siguen sin homologar sus normatividades locales para permitir el matrimonio sin discriminación, lo anterior en claro desafío a la Constitución, las resoluciones de la SCJN y los tratados internacionales suscritos por nuestro País. Solo 9 estados y la CDMX cuentan con Leyes de Identidad de Género. Son poquísimas las entidades que han avanzado en la tipificación de los crímenes de odio en los Códigos Penales locales o en la creación de Consejos Locales para Prevenir la Discriminación (COPRED). En suma, en términos jurídicos el camino todavía es largo y sinuoso.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) de 2017, realizada por el INEGI y el Conapred, 1 de cada 2 mexicanas y mexicanos han sufrido de discriminación durante sus vidas. Si esto lo transpolamos a las poblaciones LGBTTTI, resulta que hasta 7 de cada 10 personas se han visto vulneradas en su dignidad.
El Artículo 1 de la Constitución prohíbe tajantemente todas las formas de discriminación, no obstante, falta voluntad política. Como ejemplo, en el Congreso de Zacatecas siguen pendientes de dictaminación las reformas para crear el COPRED y para tipificar los crímenes de odio. A pesar de los gestos simbólicos de algunos actores políticos y sociales, y del acompañamiento de otros movimientos como el feminista o el de pueblos originarios, todavía millones de personas somos víctimas de la falta de compromiso con la igualdad. Es tiempo de que, de una vez por todas, en Zacatecas y en todo México, todas las personas tengamos todos los derechos.
