CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La escena fue brutal en su simpleza: desde la tribuna del Congreso, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, intentó convertir la protesta social en delito, y la dignidad en sospecha. Lo hizo sin temblarle la voz, como si la criminalización de una mujer académica, abogada y defensora de derechos humanos —Cristela Trejo Ortiz— fuera parte del libreto oficial.
Porque eso fue: un guion repetido hasta el cansancio por esta administración. El mismo que culpa al pasado, evade el presente y persigue a quienes no se callan. El mismo que niega la legitimidad del dolor y prefiere esconder la represión detrás de eufemismos: “protocolos”, “medidas preventivas”, “orden público”. Palabras huecas para disfrazar la violencia que ya dejó cicatrices en Zacatecas.
El problema para Reyes es que los hechos pesan más que su retórica. No respondió quién dio la orden de la represión del 8 de marzo de 2024. Tampoco aclaró las agresiones del 8 y el 21 de septiembre pasados. Guardó silencio ante la violencia sexual denunciada por la empresaria Laura Torres Huerta tras su detención en la Fenaza. Calló, como callan los gobiernos que saben que la verdad los desnuda.
Mientras tanto, diputadas como Renata Ávila, Isadora Santiváñez y Karla Estrada exhibieron lo que la ciudadanía ya sabe: que el Estado en Zacatecas responde con garrote cuando la gente protesta, que los cuerpos policiales actúan sin control ni límites, y que los protocolos, si existen, solo justifican abusos.
La comparecencia del secretario general de Gobierno, con la que abrió la pasarela de funcionarios de la fallida nueva gobernanza en algo que se empeñan en llamar Glosa, mostró dos Zacatecas: el de los aplausos comprados y los acarreados que gritaron “¡Rodrigo gobernador!”, y el de la calle, donde madres buscadoras siguen sin respuestas y la violencia arrecia. En el primero, la narrativa de logros. En el segundo, la realidad que no cabe en las cifras maquilladas.
El funcionario intentó, además, sembrar la sospecha: que Cristela Trejo buscaba dinero al acompañar a los colectivos. Un golpe bajo que revela la verdadera lógica del poder: si no pueden callarte, intentan ensuciarte. Pero la acusación se estrella contra la vida misma de Trejo: académica, abogada, defensora, acompañante de quienes buscan a sus desaparecidos. Su compromiso no necesita defenderse; habla solo.
El Colectivo Sangre de Mi Sangre respondió con claridad: esas declaraciones criminalizan el acompañamiento a las madres buscadoras. Y no es un tema menor. Cuando el poder etiqueta como “ilegítima” la solidaridad, abre la puerta para justificar nuevas represiones.
Rodrigo Reyes quiso ponerse el traje de estadista, pero se quedó en la piel del burócrata obediente. No hubo documentos, nombres ni fechas. Hubo, en cambio, discursos huecos, evasivas y descalificaciones. Zacatecas no necesita eso. Necesita respuestas claras: quién dio la orden de reprimir, qué sanciones habrá, cómo evitar la repetición.
Pero la fallida nueva gobernanza ha demostrado que su mayor habilidad es culpar al pasado. A menos de dos años de que este gobierno llegue a su fin, siguen hablando de herencias malditas mientras en la calle la gente enfrenta extorsiones, robos, desapariciones y un miedo cotidiano que no se resuelve con discursos.
La diputada Santiváñez lo dijo sin rodeos: Zacatecas vive bajo un gobierno que evade responsabilidades y responde con silencio a las tragedias. El hallazgo de seis cuerpos en Ojuelos atribuido a hechos ocurridos en Zacatecas, el asesinato de la madre buscadora Aida Karina en San Luis Potosí, la explosión nunca aclarada en la Fenaza: todo sigue en la opacidad.
El saldo es evidente: opacidad, represión, abandono. Mientras tanto, en la tribuna del Congreso, el secretario general de Gobierno prefiere pelear contra una académica antes que enfrentar las preguntas de fondo.
Lo que quedó en evidencia es el tamaño del miedo oficial. Un miedo que obliga a llenar la sala con coros artificiales para tapar las voces críticas. Un miedo que responde a cuestionamientos con descalificaciones personales. Un miedo que revela que la gobernabilidad no se mide en vallas ni aplausos, sino en confianza ciudadana, y esa confianza está rota.
Las diputadas lo advirtieron: si los protocolos producen violencia, entonces esos protocolos no sirven. Y si el gobierno insiste en justificar lo injustificable, lo que queda es la resistencia social, la voz crítica, el acompañamiento solidario.
El poder quiso reducir a Cristela Trejo a una caricatura de oportunismo. Pero lo que consiguió fue amplificarla como símbolo. Porque en Zacatecas, señalar abusos no es un delito: es una obligación. Porque cuando el Estado reprime, las voces que denuncian se convierten en faros.
El secretario podrá tener acarreados que griten su nombre. Podrá contar con diputados aduladores que endulcen su discurso. Pero no podrá borrar lo que ya está tatuado en la memoria colectiva: las madres buscando a sus hijos sin apoyo, las mujeres violentadas en protestas, la represión del 8M, la impunidad del 21 de septiembre, el silencio oficial ante cada agravio.
En Zacatecas, gobernar no es maquillar cifras ni repartir culpas. Gobernar es responder, asumir, reparar. Y mientras el gobierno siga confundiendo propaganda con justicia, la indignación seguirá creciendo.
Porque el pueblo no olvida, y la historia siempre cobra.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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