CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En Zacatecas, el frijol tiene dos precios: el que se anuncia desde el escritorio del gobierno y el que se paga en las comunidades cuando el productor ya no puede esperar.
Entre uno y otro hay siete pesos de diferencia por kilogramo, una cosecha golpeada por la sequía y miles de familias que vuelven a comprobar que, a la hora de repartir el presupuesto, el campo se queda al final de la fila.
La reducción del precio de compra del frijol, de 27 a 20 pesos por kilogramo, encendió una protesta que no se puede despachar como una inconformidad pasajera.
Los productores no reclaman sólo que se respete una tarifa. Reclaman que se cumpla la palabra presidencial y que las reglas de comercialización no conviertan su trabajo en mercancía de remate.
El 8 de octubre de 2025, en una visita a Calera de Víctor Rosales, Claudia Sheinbaum aseguró que el precio del frijol no bajaría de 27 pesos durante su administración. Fue un compromiso público. Ahora, cuando los campesinos llegan a los centros de acopio, encuentran otra cifra y una explicación que no les quita las dudas.
Fernando Galván Martínez llevó la inconformidad hasta el Congreso del Estado. Pide dos cosas: conservar los 27 pesos por kilogramo y subir de cinco a 15 toneladas el límite de acopio por productor. Ese límite pesa. En una entidad donde predominan los pequeños propietarios y ejidatarios, restringir la recepción deja parte de la cosecha en manos de los intermediarios.
Y ahí aparecen los coyotes.
En comunidades como Tacoaleche, municipio de Guadalupe, los productores denuncian ofertas de nueve y 10 pesos por kilogramo. Mientras el programa federal discute pagar 20, quienes necesitan vender para saldar deudas, dar de comer a sus familias y preparar la siguiente siembra reciben menos de la mitad de lo que consideran justo.
Tampoco ayuda que no haya reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Sin convocatoria ni lineamientos definitivos de Alimentación para el Bienestar, circulan versiones de cupos de cinco, 10 o 20 toneladas. La incertidumbre cuesta: el campesino no puede almacenar indefinidamente, ni financiarse con promesas, ni esperar a que la burocracia se ponga de acuerdo.
La sequía achicó todavía más el margen. Los productores reportan cosechas inferiores a la mitad de las del ciclo anterior. Hubo parcelas trabajadas durante meses que apenas dieron nueve costales, y detrás de cada uno quedaron la semilla, los fertilizantes, la preparación de la tierra, el combustible y el esfuerzo de familias que no pueden perder una temporada.
Por eso se queda corto discutir el precio como si fuera un trámite. Con él se define cuánto conservará una familia de su trabajo y si le alcanzará para volver a sembrar.
En medio de la disputa también se mueven las posiciones políticas. Galván cuestionó al diputado federal José Narro Céspedes por respaldar el precio de 20 pesos y rechazó que el alcalde de Sombrerete, Ramiro Hinojoza Aguayo, pretenda hablar en nombre de todos los campesinos. El dirigente sostiene que su movimiento reúne a productores de Guadalupe, Villa de Cos, Fresnillo, Río Grande, Pánuco y otros municipios.
Sobre Ulises Mejía Haro, subsecretario de Agricultura federal, dijo que no ha habido comunicación directa, aunque espera que cumpla con su responsabilidad. La declaración deja una pregunta abierta: ¿dónde está la interlocución institucional cuando el conflicto ya llegó a las calles?
Geovanna Bañuelos, senadora del Partido del Trabajo, también entró al debate. Promovió un punto de acuerdo para que la Secretaría de Agricultura y Alimentación para el Bienestar revisen las condiciones de compra del ciclo 2026-2027, con una mesa tripartita entre autoridades federales, gobierno estatal y organizaciones de productores.
La propuesta va en buen sentido, pero los campesinos necesitan más que mesas, fotografías y exhortos: reglas claras, precios que se sostengan y centros de acopio que de verdad reciban la producción.
Hay además otro frente que pesa en la discusión. Mientras los productores piden recursos para sostener el campo, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, con un gasto nominal de 10.6 billones de pesos.
La mayoría de Morena y sus aliados rechazó las reservas de la oposición, entre ellas las de la priista zacatecana Fuensanta Guerrero, quien pidió más recursos para el campo, carreteras, seguridad y salud.
La priista cuestionó también una deuda pública estimada en 21.7 billones de pesos. Pasada la disputa parlamentaria y las culpas que cada partido quiera endosarle al adversario, queda una pregunta: ¿de qué sirve presumir un presupuesto histórico si las regiones productoras siguen sin respuesta a sus problemas más elementales?
Fuensanta tiene razón en poner el destino del dinero en el centro, aunque su partido tampoco es ajeno a las decisiones que debilitaron históricamente al sector rural. La defensa del campo no debería volverse una competencia de siglas ni una pelea por quién consigue la foto más conveniente.
En la misma discusión, la diputada federal panista Noemí Luna Ayala puso el acento en las cifras que afectan directamente a Zacatecas. Advirtió que, detrás del incremento global del presupuesto, hay recortes reales al campo, salud y agua, incluida la desaparición de los recursos etiquetados para la presa Milpillas. También cuestionó el déficit y el endeudamiento federal, así como la falta de soluciones para la UAZ y las carreteras. Su reproche alcanzó al todavía inquilino de La Casa de los Perros: recibir más participaciones, sostuvo, no significa tener más recursos disponibles para resolver los rezagos del estado.
Lo de Zacatecas no es un caso aislado. Chihuahua, Durango y Guanajuato enfrentan dificultades parecidas. En Chihuahua, las organizaciones campesinas advierten pérdidas superiores a 50 mil toneladas de frijol respecto al ciclo anterior, y los costos de producción rondan los 15 pesos por kilogramo, mientras los intermediarios presionan para comprar por debajo de ese nivel.
Productores zacatecanos y chihuahuenses ya hablan de un frente común. Cuando la cosecha escasea, el precio se desploma para quien la produce y sube para quien la compra, algo falla mucho antes de que el grano llegue al mercado.
El gobierno puede cambiar una cifra en sus reglas de operación. Lo que no puede es pedirle al campesino que viva de una promesa.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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