CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En la penumbra de los archivos —donde el polvo es memoria y los números, cicatrices— un hombre recoge sus papeles. No hay ceremonia, apenas el murmullo de hojas que se cierran. El 22 de junio, la puerta de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas cambiará de manos. Y, como ocurre con los relevos discretos, la pregunta no es quién llega, sino qué se queda.
Raúl Brito Berumen no gobernó titulares. Su territorio fue otro: el de las cuentas públicas, las observaciones técnicas, los plazos que no perdonan. Ahí donde la política suele disfrazar sus errores de urgencia, él optó por el método: revisar, documentar, insistir. En un estado donde la sospecha ha sido lenguaje cotidiano, su gestión se sostuvo en una premisa menos vistosa pero más rara: la constancia.
No es menor. La Auditoría Superior del Estado —la ASE— no es un escaparate, sino un espejo incómodo. Su tarea consiste en mirar de frente el uso del dinero público y decir, sin adjetivos, si cuadra o no. En ese ejercicio, Brito entendió que la independencia no se declama: se practica. Y se paga. Porque cada observación abre una puerta que alguien preferiría mantener cerrada.
Su periodo concluye en medio de una prisa que dice más de los tiempos políticos que de los administrativos. La LXV Legislatura ha decidido acelerar el relevo y fijar una fecha límite: el 30 de abril. El procedimiento, amparado en la figura de “urgente y obvia resolución”, permite a la Junta de Coordinación Política —la JUCOPO— proponer una terna. La ley lo autoriza. La política lo explica.
La terna está sobre la mesa: Alejandro Nicolás González de Luna, Javier Alberto Díaz Ordaz Martínez y Verónica Yvette Hernández López de Lara. Tres nombres, trayectorias dispares, un mismo destino en disputa. Pero en los pasillos del Congreso, donde el silencio suele ser más elocuente que los discursos, se repite una certeza: la decisión parece escrita antes de la votación.
Pero hay un nombre que no compite: se impone. Verónica Yvette Hernández López de Lara no encabeza la terna; la clausura. No llega por contraste ni por escrutinio, sino por un acuerdo que antecede al procedimiento y lo vuelve trámite. La votación, en ese contexto, es apenas la escenografía de una decisión ya tomada. Ahí se abre la grieta. Porque quien es producto del pacto carga con su factura: auditar la Cuenta Pública 2025 —donde participó como ordenadora de gasto— no es una función técnica, es un conflicto en acto. No se trata de legalidad, que la tiene; se trata de independencia, que se prueba. Y la independencia no nace de los acuerdos, suele ser su primera víctima. En los pasillos la nombran como destino. Afuera, comienza a leerse como síntoma.
Ahí es donde la herencia de Brito cobra sentido. Porque más allá de los nombres, lo que está en juego es la naturaleza del órgano que deja. Durante su gestión, la ASE transitó entre presiones y expectativas, sorteando el riesgo de convertirse en instrumento de coyuntura. No siempre lo logró —ninguna institución lo hace por completo—, pero dejó un precedente: la fiscalización como oficio, no como consigna.
Ese precedente incomoda. Sobre todo, en vísperas de un ciclo electoral que ya asoma en el horizonte de 2027. La auditoría de los recursos públicos no es un trámite neutro: define responsabilidades, delimita abusos, ordena el relato de un gobierno. En ese contexto, quien encabece la ASE revisará números; pero también interpretará una época.
Por eso inquieta la velocidad. Porque cuando el tiempo se comprime, el margen de deliberación se reduce. Y cuando el margen se reduce, la sospecha crece. No se trata de negar la legalidad del proceso, sino de interrogar su sentido. ¿Se elige al perfil más capaz o al más conveniente? ¿Se protege la autonomía o se negocia su alcance?
Brito no respondió a esas preguntas con discursos. Lo hizo con expedientes. Su paso por la Auditoría no estuvo exento de tensiones, pero dejó una enseñanza elemental: la fiscalización no admite atajos. Cada cuenta revisada es una historia de decisiones públicas. Cada observación, un recordatorio de que el poder también se mide en pesos y centavos.
Hoy, mientras el Congreso define a su sucesor, esa lección parece suspendida en el aire. La terna avanza, los dictámenes se preparan, los votos se cuentan antes de emitirse. Todo dentro de la norma. Todo dentro de la prisa.
Y, sin embargo, hay algo que no cabe en los procedimientos: la confianza. Esa que no se decreta ni se vota, sino que se construye con años de trabajo silencioso. Brito la dejó como saldo, frágil pero tangible. Un capital que no aparece en los informes, pero sostiene la credibilidad de la institución.
La Auditoría cambiará de rostro en junio. Los nombres pasarán, como pasan todos. Lo que permanecerá —o no— es la idea de que alguien, en algún lugar del gobierno, sigue contando con rigor lo que otros prefieren narrar con retórica.
Porque al final, en este oficio, no gana quien grita más fuerte, sino quien logra que las cifras hablen.
Y las cifras, cuando son libres, siempre terminan por incomodar.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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