JUAN JOSÉ MONTIEL RICO
La trifulca de ayer en la Antigua Casona de Xicoténcatl, otrora sede del Senado de la República, en donde Alito y Noroña terminaron a golpes y empujones, no es un simple episodio cómico ni una riña más para el anecdotario de la política mexicana. En realidad, es un síntoma de la forma en que se degrada la convivencia democrática cuando los cauces institucionales parecen agotarse. Golpear al adversario, física o simbólicamente, significa buscar su eliminación, negar su legitimidad como contrario, como rival, como antagonista. Quizá no lo vemos, pero ahí comienza el verdadero peligro.
La democracia nació, precisamente, para evitar ese escenario: la guerra de todos contra todos. Frente al conflicto natural de los seres humanos, que asignamos distintos valores y prioridades a la vida en común, la democracia ofrece un cauce civilizado. No elimina los conflictos —sería ingenuo pensar que puede hacerlo—, pero los encausa. Chantal Mouffe lo explica cuando señala que la democracia radical y agonista no es la utopía de un consenso eterno, sino el reconocimiento de que el conflicto es inevitable. Lo importante es que ese conflicto se exprese bajo formas institucionales, donde el adversario es un contrincante legítimo, no un enemigo a destruir.
Adam Przeworski añade una pieza clave a esta reflexión. La democracia, dice, es un sistema de incertidumbre organizada, pues sus resultados son contingentes y transitorios. Se gana hoy, se pierde mañana. Se acepta la derrota bajo la condición de que en el futuro los dados volverán a rodar y habrá otra oportunidad. Esa incertidumbre es lo que motiva a las fuerzas políticas a someterse a las reglas del juego, en donde nadie gana para siempre y nadie queda eliminado de manera definitiva. Es, en suma, un pacto para resolver conflictos sin recurrir a la violencia.
Pero la escena en Xicoténcatl revela una erosión preocupante de este acuerdo. Cuando los legisladores arriesgan todo a una pelea, están reconociendo —con sus actos— que ya no confían en que las instituciones garanticen esa incertidumbre justa. Escenas como esta parecen dar la razón a quienes afirman que vivimos una crisis de la democracia, en donde los ganadores tienden a tomarlo todo, hacen arreglos para perpetuar su victoria y buscan desbalancear la competencia. El juego ya no parece abierto ni incierto, sino manipulado. Y en ese contexto, la tentación de eliminar al rival por la fuerza, o por la distorsión institucional, crece.
Esto es lo que debería preocuparnos más allá del escándalo mediático: ¿qué condiciones de competencia política están llevando a que los cauces institucionales se cierren y los legisladores reaccionen como lo hicieron? ¿Por qué se percibe que la única forma de impulsar valores, principios y agendas es jugar a la eliminación del otro? La violencia en el Senado no es solo un mal ejemplo, es una alerta roja de que los mecanismos democráticos no están ofreciendo certidumbre a todos los actores. Está de más decir que el oficialismo tiene la responsabilidad principal de restituir esta competencia justa, en donde todos tienen voz, todos compiten en más o menos igualdad de circunstancias y todos participan.
La presidenta y el partido ahora hegemónico enfrentan un dilema mayor, el de recuperar la democracia como un espacio de incertidumbre compartida, donde el adversario no se destruye sino se confronta, se respeta y se vence con reglas comunes. Cuando la política “llega a las manos”, lo que está en juego no es solo la reputación de los contrincantes, sino la esencia misma de la democracia.
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Estratega político entre gobiernos, campañas y narrativas.
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