ULISES MEJÍA HARO
México se encuentra en la antesala de un gran debate para el fortalecimiento de su democracia: la construcción de una reforma electoral que responda a los principios de austeridad, eficiencia institucional y mayor participación ciudadana. Este proceso, impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, busca abrir un diálogo amplio e incluyente para fortalecer las reglas electorales para que la voz de la ciudadanía sea el motor de las decisiones políticas.
Como parte de esta ruta de trabajo, la presidenta decretó la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por el exlegislador y especialista experimentado en la materia electoral, Pablo Gómez Álvarez, quien coordinará el estudio técnico y jurídico de las posibles modificaciones al sistema electoral.
La presidenta Sheinbaum ha subrayado que la comisión no contará con recursos extraordinarios, sino que se apoyará en gobiernos estatales y municipales para la organización de los foros, y ha reiterado que el proceso será completamente abierto: “Estará abierta la participación de todas y todos aquellos que deseen aportar sus ideas sobre la materia, entre ellos, académicos, legisladores, partidos políticos, consejeros del INE a título personal, organizaciones civiles y a la sociedad civil en general”.
Entre las acciones ya anunciadas, destaca la realización de una encuesta ciudadana para conocer la opinión pública sobre temas clave como la reducción del financiamiento a los partidos políticos y la eliminación de legisladores plurinominales – diputados y senadores –, para que todos los legisladores lleguen por el voto directo de la gente y no por listas que elaboran los dirigentes de los partidos. La presidenta ha asegurado que estas medidas cuentan con amplio respaldo social y deben analizarse con legitimidad.
Además, ha manifestado su disposición a moderar los requisitos para la creación de nuevos partidos políticos, argumentando que el pueblo “está muy consciente” y que “sí, que haya más partidos, no hay que limitar la participación de nadie”, defendiendo así un esquema de mayor apertura política.
Entre los temas preliminares que podrían discutirse se encuentran la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que tendría la responsabilidad de organizar todos los comicios y consultas a nivel nacional y estatal; la reducción del número de consejeros electorales, con la posibilidad de que sean electos por voto popular; la disminución del financiamiento público a los partidos políticos, limitándolo únicamente a los años electorales; y la eliminación de legisladores plurinominales, con el fin de que todos los representantes sean electos por voto directo.
También se contempla la incorporación de nuevas causales de nulidad de elecciones, incluyendo la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
De acuerdo con el calendario previsto, el debate legislativo formal podría llegar al pleno durante el primer trimestre de 2026, una vez que concluyan los trabajos técnicos, los foros y la deliberación pública programados para el segundo semestre de este año.
Estamos, en suma, ante una oportunidad para consolidar un sistema electoral más austero, más cercano a la ciudadanía, más representativo de la voluntad popular y con un alto grado de legitimidad social, resultado de la participación activa de todos los sectores.
Sobre la Firma
Doctor en administración, empresario y legislador zacatecano
ulises.mejia@diputados.gob.mx
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